Gabrielle Giffords, la joven legisladora de Arizona que acababa de estrenar su tercer mandato en el Congreso de EE UU y ahora se debate entre la vida y la muerte tras ser alcanzada por los disparos de un desconocido, es una demócrata apasionada y moderada pero, sobre todo, es una mujer tenaz.

Sin miedo y decidida, tanto que llamó la atención de Sarah Palin, la estrella del movimiento ultraconservador 'Tea Party', quien la señaló, mediante un mapa colocado en su página de Facebook antes de las elecciones de noviembre, como uno de los demócratas a batir para evitar la reforma sanitaria de Barack Obama.

Judía, nacida en junio de 1970 precisamente en Tucson, la ciudad de Arizona donde se produjo este sábado el altercado, llegó al Congreso en enero de 2007, después de una breve experiencia que comenzó en el 2000, como legisladora estatal.

Moderada en sus planteamientos, defensora de la pequeña empresa, Giffords fue una de las grandes victorias contra el 'Tea Party' en noviembre de 2010, especialmente después de que su oponente republicano, el joven Jesse Kelly, basara su campaña en un lema tan peculiar como "Ayuda a quitar a Gabrielle Giffords de su puesto" e invitara a sus seguidores a "disparar un rifle automático M16 con Jesse Kelly."

Giffords habla español, fue becaria Fulbright en México e incluso tiene una casa en el país vecino.

Este sábado tenía previsto reunirse con sus electores en un encuentro convocado bajo el lema 'El Congreso en su esquina'. Pero los disparos de un desconocido truncaron sus planes.

La legisladora Giffords, defensora de una reforma migratoria que permita poner orden en la comunidad inmigrante de EE UU, fue reelegida como congresista del Estado conservador de Arizona el pasado noviembre contra todo pronóstico. La gobernadora republicana de este Estado, Jane Brewer, había desafiado a Obama promulgando una ley que pretendía convertir en delito la inmigración ilegal.

Dicha ley permite que la policía detenga a cualquier persona si tiene alguna "sospecha razonable" de que es inmigrante ilegal, lo que, en opinión de sus críticos, allana el camino para la discriminación racial. Para sus partidarios, no obstante, permitirá controlar la inmigración ilegal en un Estado donde hay más de 460.000 indocumentados, en su mayoría mexicanos.