La Comunidad de Madrid está elaborando un estudio estadístico de fallecimientos de bebés en la maternidad provincial de Madrid durante la década comprendida entre 1961-1971 para facilitar las investigaciones judiciales de los llamados "niños perdidos del franquismo". Así lo ha anunciado este martes a los periodistas una representante de la plataforma de grupos de afectados de clínicas de toda España de la causa de niños robados, Mar Soriano, tras reunirse esta mañana con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

En esta reunión, Zaragoza les ha informado sobre la decisión que adoptó el pasado día 7 de pedir formalmente al Ministerio de Justicia la creación de una oficina de atención para los afectados de la causa de los llamados "niños perdidos del franquismo", así como que investigue por la vía administrativa los casos acreditados.

Tras este encuentro, al que asistieron otros afectados y que Soriano calificó de "muy cordial", el grupo se ha dirigido al Ministerio de Justicia para solicitar una reunión con Francisco Caamaño y "presionarle" para que creé la oficina sugerida por Zaragoza.

Ha reclamado también a todas las instituciones que "dejen de poner impedimentos para coger datos" sobre los óbitos de bebés , como fue el caso de su hermana Beatriz, cuyo fallecimiento en enero de 1964 figura en el archivo regional de Madrid junto al de otros diez pequeños, todos muertos por la misma causa, una otitis. Por eso ha celebrado la respuesta de la Comunidad de Madrid, cuyo archivo regional le ha informado en una carta -que ha distribuido este martes entre los periodistas-, de la elaboración de la citada estadística.

El objetivo de ese estudio, señala la misiva firmada por la jefe de área de coordinación del centro archivo regional, Nieves Sobrino, es "ponerlo a disposición de todas las personas implicadas en situaciones parecidas y enviarlo a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para que a la vista de la información que se haya obtenido, estudien y determinen si existe oportunidad y pertinencia para remitirlo a los órganos judiciales que sean competentes".

La citada plataforma denunció la existencia de "cientos de casos" de sustracciones de recién nacidos en diversas clínicas españolas a cuyos progenitores se les comunicó su fallecimiento aunque fueron entregados a otras familias "previa falsificación de los documentos necesarios". La Fiscalía considera que las denuncias no pueden tener entrada por la vía penal dadas las "dificultades técnico-jurídicas".