El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Sevilla acogerá a partir de 10,30 horas del próximo 16 de febrero la vista oral tras la demanda formalizada por la familia de Ana María Barroso Albarrán, una de las cinco víctimas mortales del caso del derrumbe del muro del Bazar España, ocurrido el 31 de diciembre de 1998 en la capital hispalense, después de que una indemnización propiciara que Hacienda les reclamara un montante de unos 40.000 euros por haber sido declarada como si se tratase de una subvención del Ayuntamiento a estas familias.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del caso, en el que la familia apunta al Consistorio hispalense en un proceso que alcanzará su punto culminante después de que la corporación local elevara un escrito ante el juzgado en el que exponía su oposición a asumir pago de ningún tipo, bajo el razonamiento de que la administración no debe pagar impuestos de la familia y que la intención municipal fue en todo momento la de ayudar a los perjudicados.

Según la representación de los allegados a la fallecida, era la primera vez que el Ayuntamiento expresaba una postura oficial, en este caso de negativa, ante las pretensiones de los afectados de que la corporación municipal pueda asumir algún tipo de responsabilidad ante lo sucedido.

La demanda de los parientes de la joven se basa en el coste fiscal que para los Barroso Albarrán tiene el "error administrativo" de tramitar la indemnización como una subvención, "ya que a nadie se le subvenciona la muerte de un hijo".

De hecho, la representación legal de la familia critica que cuando el 20 de enero de 2009 se pidió por vía administrativa al Ayuntamiento —que llegó a admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial de la familia— el pago de los daños no hubo ningún tipo de respuesta.

La vertiente judicial ya dio la razón a Hacienda, "que cumplía con su deber, pues si se tramitó la ayuda como subvención ésta está sujeta al IRPF", según ya señaló a Europa Press la madre de la joven, Ana Albarrán, que culpó al Consistorio de lo sucedido. Sobre el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín —que aseguró en su día que la fórmula utilizada para el pago fue la que le aconsejaron los técnicos—, recalcó que "como político y como persona" le ha decepcionado.

Albarrán, asimismo, ha apostillado que no tiene "nada que perder" en un caso en el que pretende reclamar los daños derivados de la liquidación de Hacienda, y en el que "ha habido más familias perjudicadas".