El Congreso rechaza la ley Sinde

La comisión de Economía del Congreso rechazó este martes la ley Sinde, que permitiría el cierre o bloqueo de páginas web de descargas por orden judicial, por 20 votos en contra, de todos los grupos políticos de la oposición, y 18 a favor, del Partido Socialista.

Más de ocho horas después de ser debatida en la comisión de Economía del Congreso, la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, también conocida como ley Sinde, ha sido rechazada con los votos de PP, CiU, PNV, CC y ERC-IU-ICV tras aplazarse la votación hasta en tres ocasiones debido a la complejidad del proceso de enmiendas.

Una vez concluida la votación, con 18 votos a favor de la ley Sinde del PSOE y 20 en contra del resto de grupos, varios diputados se arrancaron a aplaudir por el resultado, en el que finalmente no hubo sorpresas de última hora, a pesar de las negociaciones de los socialistas por salvar la normativa.

Ya durante el debate de la mañana, todos los grupos parlamentarios manifestaron su desacuerdo a la ley que incluye la creación de una comisión de propiedad intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, y que sería la encargada de examinar las denuncias presentadas y remitirlas a la Audiencia Nacional, que en el plazo de 4 días decidiría sobre el cierre o bloqueo de esa web.

La decisión de los grupos no respondió al llamamiento realizado a primera hora de la mañana y, también horas antes de celebrarse la votación, por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, quien apeló al "buen criterio" de los diputados para que la ley antidescargas fuese aprobada.

Los argumentos esgrimidos por todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, transitaron desde las dudas sobre la constitucionalidad del texto, en el caso de CC, PP y ERC-IU-ICV, hasta considerar la disposición "un chapuza propia de Pepe Gotera y Otilio", como aseguró el portavoz de ERC Joan Ridao, o "la ley de la patada al módem", como expresó la diputada de ICV Nuria Buenaventura.

Ridao señaló que la medida era "poco eficiente, porque no se pueden poner puertas al campo y no se puede suplantar a la justicia ordinaria", al tiempo que el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, supeditó su apoyo a la disposición, a la que no habían presentado enmiendas, a alcanzar un acuerdo con el PSOE en otros aspectos de la Ley de Economía Sostenible, un pacto que no fue posible.

Mientras se discutía la ley, la polémica se calentaba desde primera hora de la mañana en redes sociales, blogs y foros. Las protestas alcanzaron la página del Congreso de los Diputados, que permaneció bloqueada durante todo el día debido a ataques masivos de cibernautas.

Durante las horas previas a la votación se sucedieron las reacciones sobre el presumible rechazo de la ley antidescargas, entre ellas la del presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, que advirtió de que si se rechazaba la ley Sinde, "las principales beneficiarias serán las compañías telefónicas y no los usuarios".

"Los políticos tienen que solucionar problemas y éste es un problema", aseguró el realizador, mientras que el cantante Alejandro Sanz se mostraba más contundente al afirmar en su Twitter: "Qué cobardes e hipócritas los políticos españoles que no van a votar la ley Sinde de protección a la propiedad intelectual".

Asimismo, las páginas de las distribuidoras de cine Alta Films, Emon o Karma apagaron sus webs como protesta.

Frente a las manifestaciones de apoyo a la "ley Sinde", internet ha experimentado una cascada de comentarios en redes sociales, blogs y foros en contra de la norma, hasta el punto de que se convirtió en "trending topic" del día en Twitter.

Tras la votación, la red ser convirtió en escenario de celebraciones por parte de los internautas frente a los creadores, consternados al no aprobarse la normativa contra la piratería. EFEebrero.

Si la ley hubiera superado el trámite parlamentario se iba a abrir con ella una puerta a la clausura de páginas web, si se consideraba que éstas vulneran los derechos de propiedad intelectual.

El proceso iba a combinar procedimientos administrativos y judiciales a cargo de los cuales estaría un órgano de nueva creación, la Comisión de Propiedad Intelectual. El Ministerio de Cultura crearía una sala destinada a dicha Comisión, formada por entre 4 y 6 personas: un juez de prestigio que haya presidido un tribunal importante, algún profesional del mundo  de la tecnología, representantes de la comunidad internauta y también representantes de los creadores.

La Comisión se encargaría de analizar los casos sobre páginas web que atenten contra los derechos de propiedad intelectual.  Si se consideraba que la web está realizando actividades ilícitas, se enviarían dos avisos para que deje de llevarlas a cabo. En caso de que el portal no cesara sus actividades, se enviaría la denuncia siempre y únicamente a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Con esto se esperaba crear una especialización que permita elaborar en poco tiempo una jurisprudencia efectiva.