El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha recomendado al Ayuntamiento del municipio turolense de Andorra que obligue al dueño del bar 'E.F.' a reducir el volumen de ruido que emite y que molesta desde hace años a un vecino que ha presentado la correspondiente queja.

García Vicente ha hecho pública esta sugerencia, en la que recomienda al consistorio que imponga, si es preciso, las sanciones que correspondan a los propietarios del bar y que compruebe las medidas de insonorización para que no se repita el caso.

Según la sugerencia, la queja ante el Justicia se registró el pasado 12 de abril, por la "supuesta falta de actuación eficaz" del Ayuntamiento andorrano respecto de este problema, originado en 2006. El bar 'E.F.' está ubicado en la Avenida Deportiva de la localidad.

La queja viene acompañada de diversas mediciones realizadas por la Policía Local entre 2006 y 2009, y que arrojan valores "muy superiores" a los permitidos legalmente. De hecho, en algún caso superan los 80 decibelios.

Los agentes policiales comprobaron, en algún caso, que desde la vivienda del ciudadano afectado se podían escuchar "perfectamente" las conversaciones de los clientes del bar y el movimiento de sillas y mesas, "lo que pone de manifiesto la falta de insonorización y el grado de las molestias que se padecen".

El Justicia señala que el ciudadano afectado se ha dirigido "en varias ocasiones" al ayuntamiento para que dispusiera las medidas correctoras necesarias. Así, la Junta de Gobierno Local acordó, el 5 de octubre de 2007, exigir al propietario del establecimiento que en un mes iniciar la insonorización del local, exigencia que la Junta de Gobierno reiteró el 25 de abril de 2008.

El ciudadano afectado ha comunicado al Justicia que estos acuerdos no se han cumplido. Al preguntar el Justicia sobre el caso al ayuntamiento, el pasado mes de abril, el consistorio reiteró su reclamación al dueño del local, el 24 de mayo de 2010, para que insonorizara el local. También le exigieron que aportara un informe visado por un profesional sobre las medidas correctoras a tomar.

En su respuesta al Justiciazgo, el Ayuntamiento de Andorra explicó que los recursos del dueño del bar a los dos anteriores requerimientos fueron aceptados porque la vivienda del perjudicado no está regularizada y está ubicada sobre un terreno de uso residencial.

Al pasar el tiempo y tras comprobar que el dueño del bar no insonorizaba su local, el Justicia se dirigió al ayuntamiento el 28 de junio pasado para "conocer sus previsiones", en especial, cualquier medida provisional que permitiera reducir el nivel de ruido. García Vicente reiteró esta petición el 10 de agosto y el 1 de octubre.

El 20 de octubre, el Justicia recibió la contestación del Ayuntamiento de Andorra, que le comunicó que la Junta de Gobierno Local había requerido al dueño del bar 'E.F.', el 5 de octubre, para que en un mes presentara el estudio técnico visado que acredite y justifique las medidas correctoras a adoptar, tal como pedía el Justicia.

Una vez pasado este plazo, el 5 de noviembre, la institución del Justicia comprobó que el perjudicado "no ha percibido ninguna mejora" y los servicios técnicos municipales no han recibido el informe técnico solicitado por la Junta de Gobierno, mientras que el dueño del bar ha presentado un recurso contra las mediciones de ruido tomadas años atrás por la Policía Local y que motivaron todas las actuaciones administrativas posteriores.

"La inicial situación irregular de la vivienda colindante no es óbice para la adopción de alguna medida, pues la emisión de ruidos supera con amplitud, según las mediciones efectuadas por la Policía Local, no solo los límites derivados del uso residencial de los inmuebles sino los propios del uso comercial a los que, desde el primer momento, se debería haber ajustado", ha indicado el Justicia en su sugerencia.

A esto ha añadido que una nueva medición de ruidos no aportaría "nuevos datos relevantes" y ha recordado que, hasta el último recurso del dueño del local, "no se habían puesto en cuestión las mediciones" de la Policía Local.

El Justicia reconoce los esfuerzos del ayuntamiento para resolver el conflicto, al haber acordado varias medidas a lo largo de los años. García Vicente recuerda al dueño del local emisor de los ruidos que, según la normativa vigente, las sanciones pueden ser de 60.000 a 600.000 euros.