El presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE) de Asturias, Dacio Alonso, ha acusado este viernes al Ayuntamiento de Oviedo de ceder ante las peticiones de la empresa concesionaria Aqualia para que el Gobierno local redacte las ordenanzas municipales en base "a sus intereses", creando una tasa "para liquidar fraude".

Alonso ha explicado en rueda de prensa que, de esta forma, Aqualia podrá sancionar a determinados consumidores que, según la empresa, han cometido "fraude" por no tener ningún contrato formalizado con la misma. "El Ayuntamiento mira para otro lado porque Aqualia está ejerciendo competencias que nadie le ha dado", ha criticado.

Bajo esta premisa, Aqualia está aplicando penalizaciones "exageradas y desproporcionadas" cuando, según Dacio Alonso, se trata de "irregularidades que hay que clarificar". Además, ha recordado que la empresa que gestiona el servicio de aguas de Oviedo es privada y ha apuntado que "no es nadie" para sancionar.

Desde UCE-Asturias, reprochan a Aqualia que considere a determinados ciudadanos como "delincuentes", sin que haya "ninguna prueba que acredite que han cometido fraude", ha insistido Alonso.

Aqualia ya ha abierto actas de inspección a ciudadanos y los penaliza con cantidades que superan el 6.000 por cien del consumo ordinario del agua, según ha dicho el presidente de UCE-Asturias, y ha explicado que las sumas que les exigen están próximas a los 6.000 euros, cobrando de esta forma ocho horas diarias de consumo, "lo que supone un coste de entre 80 y 90 euros" al día.