Centaurea y CC.OO. criticaron hoy la decisión de la Audiencia Provincial de Ávila de cerrar una de las piezas de procedimiento del caso Las Navas del Marqués (Ávila) y apartar del caso a siete personas, miembros de la Comisión Provincial de Urbanismo, que se encontraban hasta ahora imputadas, e indicaron que "parece una decisión política".

En un comunicado recogido por Europa Press, recuerdan que el fiscal se ha opuesto al sobreseimiento, y creen que se trata de una "solución política".

De otro modo, según señalan, "no puede comprenderse que el auto deje de considerar en absoluto siquiera los motivos y fundamentos del Juzgado de Instrucción número 2, que ni tan siquiera llega a citar pese a constituir el objeto de los recursos, ni que se refiera a los argumentos de los recurrentes para oponerse al auto del juzgado ni al ministerio fiscal".

"La ausencia en el auto de cualquier análisis o referencia concreta a las conductas de los imputados convierte su dimensión jurídica en puro poder desnudo", añaden en respuesta a la decisión judicial.

Centaurea y CC.OO. destacan que el hecho, a pesar de todo, muestra "indicios de conductas presuntamente delictivas que han quedado plasmadas fehacientemente".

Sin embargo, expresan que "queda desvirtuado en seco por el auto de la Audiencia Provincial, de más que cuestionable fortuna jurídica, puesto que contiene una estructura formularia que tanto podría servir para ventilar el aliño de esta causa como la de cualquier otra".

La respuesta de los denunciantes destaca, por ejemplo, que el auto diga que el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra "no establece restricción alguna concreta en el sentido que aquí se pretende por la acusación", ya que frente a ello alegan que es "rotundamente contrario a las consideraciones de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia refrendado por el Tribunal Supremo", en cuanto que utiliza una "burda" argumentación con la "pretensión de refutarla".

Asimismo, apuntan que aquella sentencia señaló "evidentes restricciones a la actuación urbanística, por lo que esa apreciación de que 'no establece restricción alguna concreta', debería conocer la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo a que están inexorablemente obligados los magistrados de la Audiencia para saber que es jurídicamente improcedente".

También Centaurea y CC.OO. opinan que "cualquiera puede deducir que sus magistrados no han entendido la dimensión jurídica y social de la realidad sobre la que deben aplicar el derecho, ni de meticuloso trabajo, ahora baldío e ímprobo, del juez instructor del Juzgado número 2".

Así, piden que el Consejo General del Poder Judicial "debe tomar nota ante estas carencias tan elementales de formación y conocimiento de sus funcionarios", ya que creen que es "inaceptable que la realidad social que padece los efectos trágicos de la especulación urbanística, camine por delante de los jueces".