En concreto, en Valladolid capital hay 1.897 inmuebles edificados antes de 1950, que albergan 7.295 viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Todos ellos habrían incurrido en una falta leve y les podría caer una multa de entre 150,25 y 6.010,12 euros.

Pero lo cierto es que ni el Ayuntamiento ni la Junta han hecho nada para hacer cumplir esta normativa.

Repaso a los cuarenta

Los edificios levantados en la década de los cincuenta  (3.530, según el INE) deben pasar esta inspección antes de que termine 2006. Y en 2007, los construidos hasta 1967. Desde ese momento, todos los inmuebles tienen que superar la primera revisión cuando cumplan los 40 años. A partir de ahí, cada 10.

Visto el fracaso de las inspecciones técnicas de edificios, la Junta prevé elaborar una nueva normativa que detalle el contenido de las revisiones y sus características, según informaron desde la Consejería de Fomento. Valladolid no ha sido la única en saltarse la normativa, ha pasado en toda la región.

El Ayuntamiento mantuvo unas reuniones en 2004 con los colegios de arquitectos, aparejadores e ingenieros industriales para ver cómo se ponía en marcha. Ante las dudas que surgieron preguntó a Fomento qué había que hacer. Y desde entonces no se ha vuelto a saber.

Un certificado casi imposible

El mayor problema de la normativa es que el certificado de las inspecciones debería acreditar que el edificio no iba a tener problemas en los diez  años siguientes. Para hacer esto sería necesaria una revisión minuciosa, con catas de la estructura, que son muy caras. En otras ciudades como Madrid, Vigo o A Coruña, las inspecciones se limitan a ver el estado de conservación y detallar las deficiencias. Además, en Castilla y León no se ha dado medios a los municipios para vigilar las inspecciones.