Ni la liberalización del mercado ni la libre competencia entre compañías ha venido acompañada de las previsibles ventajas para los consumidores. ¿Por qué? Pues a la vista de las medidas anunciadas ayer por
Así pues, la medida adoptada por el Gobierno de eliminar el precio tope de los servicios de telefonía fija –justificada en el alto grado de competencia existente en el mercado- vendrá acompañada de una serie de obligaciones para las compañías que, de alguna manera, defiendan los derechos de los consumidores.
Medidas de “control”
De esta forma, las empresas proveedoras de telefonía fija deberán acreditar “fehacientemente” la solicitud de contratación de sus servicios por sus abonados.
Además, el operador que dé de alta a un cliente sin su consentimiento deberá asumir los gastos que suponga le suponga al usuario esta acción fraudulenta.
Igualmente, si un cliente se da de baja por incumplimiento del servicio del operador, el proveedor del servicio no podrá penalizarle.
Cifras informativas
Como consecuencia, precisamente, de el alto número de reclamaciones en el sector, este mes de febrero va a ver nacer una orden ministerial que obligará a las compañías a publicar la calidad de sus servicios.
¿Cómo? Pues obligándolas a publicar el número de reclamaciones o el tiempo que tardan en atenderlas.
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