La Fiscalía de Madrid abrió diligencias penales por posible delito en el tráfico aéreo, en su variante de sedición, que está penado con hasta 8 años de cárcel, según informaron fuentes de la Fiscalía.

El fiscal pidió a la Policía y a AENA que informe de aquellos controladores que se han ausentado de sus puestos de trabajo, mientras que la Guardia Civil procedió a identificar a los controladores reunidos en un hotel próximo al aeropuerto de Madrid-Barajas.

Las fuentes de la Fiscalía señalaron que estas actuaciones se llevaron a cabo en virtud de los artículos 20 y 21 de la Ley penal de Navegación Aérea que establece el delito de tráfico aéreo y el agravante de sedición, en caso de que se observe una voluntad intencionada de paralizar el tráfico aéreo. En estos casos, este tipo de conductas están penadas con hasta 8 años de prisión.

La Fiscalía podría empezar este sábado a tomar declaración a algunos de los controladores en función de los informes que le remitan las fuerzas de seguridad y AENA respecto a quienes han abandonado sus puestos de trabajo.

Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, firmó poco antes de las 23.00 horas la orden que permitía a los militares tomar el control del espacio aéreo español, informaron fuentes del Ministerio de Fomento. El Ejecutivo ha hecho así uso de una facultad que le otorga un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros este mismo viernes y respondió al pulso planteado por los controladores, cuyas "bajas masivas" provocaron el cierre de casi todo el espacio aéreo español.

Por otro lado, un matrimonio madrileño que esperaba el regreso de sus hijos de 10 y 11 años presentó una denuncia por la vía penal contra los controladores aéreos por el abandono de sus puestos de trabajo, por si su actitud fuera constitutiva de delito.

Así lo aseguraron fuentes del despacho de abogados que lleva el asunto, Cremades & Calvo Sotelo, quienes señalaron que se ha solicitado como medida cautelar que se obligue a los controladores a volver a sus puestos de trabajo.

La denuncia pide al juez que inicie las diligencias necesarias para conocer la identidad de los trabajadores que han abandonado sus puestos y solicita una indemnización por daños y perjuicios a los controladores.