La juez imputa a el ex alcalde de Polop un delito de tráfico de influencias

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Villajoyosa (Alicante), ha informado al ex alcalde de Polop (Alicante), Juan Cano, este martes durante su declaración, que está imputado por un delito de tráfico de influencias en la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión urbanística del municipio, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Villajoyosa (Alicante), ha informado al ex alcalde de Polop (Alicante), Juan Cano, este martes durante su declaración, que está imputado por un delito de tráfico de influencias en la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión urbanística del municipio, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Juan Cano, que ha llegado cerca de las 10.00 horas al juzgado de Villajoyosa, antes de prestar declaración, ha asegurado a preguntas de los medios que es "inocente" de las supuestas irregularidades urbanísticas que investiga el órgano judicial.

Así mismo, ha manifestado su intención de "colaborar siempre con la Justicia" y de que "se solucione lo antes posible esta situación para que se detenga a los culpables" de las presuntas irregularidades.

Tras prestar declaración durante más de dos horas, —salió del juzgado sobre las 12.45 horas— y preguntado por su comparecencia judicial, el ex edil de Polop ha subrayado que "es inocente" y que "las declaraciones las hace ante el juez".

Las diligencias abiertas por el órgano judicial se derivan de la investigación realizada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Villajoyosa sobre el asesinato de Alejandro Ponsoda —predecesor de Cano como alcalde polopino—, en la que Cano también aparece como imputado, y por la que estuvo recluido en prisión provisional durante ocho meses hasta el pasado mes de julio, cuando fue puesto en libertad tras pagar 20.000 euros de fianza.

Junto a Cano, estaban citados a declarar también otros dos imputados por su presunta relación con supuestas irregularidades en la gestión urbanística.

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