La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, ha asegurado el PSPV "siempre ha defendido la recuperación y rehabilitación de El Cabanyal desde la participación, el consenso y el diálogo con los vecinos".

Alborch, que se ha pronunciado de esta manera en un comunicado en respuesta a las declaraciones realizadas del primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, ha subrayado que el Gobierno de España "ha actuado respecto al barrio desde la legalidad y en el marco de sus competencias" y que "la orden ministerial favorece la rehabilitación e impide la destrucción

La representante socialista ha señalado que, con la orden que obliga a suspender las demoliciones previstas en el plan al considerar que la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez supondría la expoliación del patrimonio, el Ministerio de Cultura actuó "en el marco de sus competencias exclusivas, en interés de los valencianos y valencianas, en defensa de su patrimonio y de su identidad, en cumplimiento de sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo, y tras tomar en consideración los informes de expertos e instituciones".

"La ministra ha actuado de acuerdo a la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 149.1 de la Constitución en defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación", ha explicado Alborch, para quien "es la Generalitat quien invadió competencias que no le son propias al aprobar un decreto-ley ad hoc para dejar sin efecto la orden ministerial y burlar la legislación nacional y autonómica sobre la protección del patrimonio".

"Lo único que impide la orden es la destrucción del barrio. La decisión del Ministerio es justa, histórica y esperanzadora, y favorece la rehabilitación", afirmó la representante socialista, quien recordó que la Abogacía del Estado ya ha realizado la misma lectura en un informe elaborado a petición de la secretaría general técnica del Ministerio de Cultura sobre la decisión del equipo de gobierno municipal de suspender la concesión de licencias en el ámbito afectado por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar.

Además, ha señalado que el informe de la Abogacía del Estado concluye que "la suspensión del PEPRI debe limitarse a aquellos aspectos del mismo que supongan expolio" y que la orden ministerial "no implica la necesaria e indiscriminada denegación de concesión de licencias municipales de cualquier tipo sobre cualquier bien".

"Habría que analizar cada clase de licencia solicitada, comprobar la calificación jurídica del inmueble concreto, estudiar el tipo de intervención propuesta y analizar el impacto del PEPRI sobre las mismas, y sólo posteriormente se deberían conceder o denegar", ha destacado del informe.

"Está claro que la declaración de expolio no puede suponer la paralización de las licencias que supongan la recuperación y rehabilitación del barrio", ha concluido Alborch.