Por tanto, ha asegurado que, a diferencia de lo que sostiene la Junta de Extremadura, no son "simples reparos formales" y ha adelantado que los expedientes de contratación que están en fase de instrucción afectan a cuatros contratos de obra, un contrato de suministro y dos contratos de servicios. De esta forma, son siete los expedientes que están siendo investigados, uno de ellos, en concreto el de transporte escolar, está constituido por 42 contratos.

Al respecto, Teniente ha informado de que su grupo presentará en la Asamblea una serie de iniciativas para que la Junta "explique y clarifique" en qué situación se encuentra estos procedimientos jurisdiccionales de exigencia de responsabilidad contable. Igualmente, ha puesto en conocimiento del servicio jurídico del partido los distintos expedientes de contratación para iniciar, si procede, los procedimientos pertinentes ante los tribunales ordinarios.

Así, los expedientes que han dado lugar al inicio de diligencias preliminares y actuaciones previas son uno de la Consejería de Fomento, tres de la de Educación, uno de la de Cultura y otros dos del SES.

Teniente, en una rueda de prensa, se ha extendido sobre los contratos de servicio de transporte escolar, unos contratos con "múltiples irregularidades" y con "hasta advertencia de ilegalidad por parte de la Intervención General de la Junta".

Entre esas irregularidades ha destacado la "indebida tramitación" y la no exigencia de clasificación a los contratistas, "ni garantías".

De la misma manera, ha explicado que tenía que haberse adjudicado mediante un concurso sujeto a los principios de publicidad y concurrencia, mientras que lo que hizo la Junta fue dividir el contrato en 42 para "evitar" el concurso y poder adjudicarlos "a dedo" por procedimiento negociado sin publicidad.

También ha llamado la atención sobre la adjudicación de "todos los contratos el mismo día", en concreto el 8 de septiembre de 2004, Día de Extremadura, y sobre el hecho de que la Intervención General de la Junta cuestionó el procedimiento de contratación y señaló la "necesidad" de cumplir con las exigencias de publicidad y concurrencia.

"Por lo tanto, había informes de la Intervención General cuestionando el procedimiento y reclamando otra forma de actuar y la Consejería de Educación obvió el procedimiento legalmente establecido a sabiendas", ha asegurado.

Teniente, igualmente ha insistido en que se requería solicitud de ofertas a un "mínimo de tres empresas" y "lo único que se hizo" fue la remisión de invitaciones. Así ha considerado que Educación quiso dar "apariencia de legalidad aportando 60 escritos carentes de registro de salida y 31 escritos fechados con posterioridad a la fecha de la adjudicación".

Al respecto, señala que el Tribunal de Cuentas considera este hecho una "nueva irregularidad ya que la promoción de concurrencia debe realizarse antes y no después de la adjudicación".

También todos los contratos se resuelven antes de su finalización, en muchos casos por causas imputables a los contratistas sin que se exija la indemnización por daños y perjuicios con los consiguientes perjuicios para la Administración.

"En definitiva, 42 contratos que afectan al transporte escolar de Extremadura, por casi 4 millones de euros, que no estamos hablando de una cifra menor, primero a dedo, sin garantías, sin exigencia de cumplimiento y sin pedir responsabilidades cuando incumplen los contratistas", ha indicado, a lo que ha añadido que supone un "rosario de irregularidades y despropósitos" en la contratación que son un "escándalo" para cualquier administración.

Otros expedientes

Entre el resto de expedientes que han dado lugar al inicio de diligencias preliminares y actuaciones previas, la 'popular' ha citado el contrato de obras de acondicionamiento de la carretera EX 325 por "irregularidades" en la certificación final de obras y por la expedición de una certificación complementaria "carente de cobertura normativa y contractual".

También el contrato de obra de construcción de ocho unidades de IESO en Hoyos, por la "no imposición de penalidades de demora" al contratista por incumplimiento del contrato, además de no aportarse liquidación del contrato.

El contrato de obras de rehabilitación de la antigua Casa Grande en Cáceres, un contrato que se tramitó por el procedimiento de urgencia y en el que el licitador se demoró 11 meses, el 64,7% del plazo previsto, y no hay acta de recepción de la obra.

En el contrato de obra de extensión de la banda ancha a núcleos de población sin cobertura ADSL no se ha acreditado la ejecución de las dos últimas fases del contrato que afecta al 80% de los núcleos de población y no hay recepción de conformidad de este contrato.

En el contrato de suministros de vacunas y tiras reactivas no se aportan actas de recepción y faltan las facturas conformadas por 694.390 euros en el suministro de tiras reactivas.

Y finalmente, en el contrato relativo al servicio de gestión externa de residuos peligrosos generados en los centros sanitarios y socio sanitarios del SES, que se factura con un exceso de 395.000 euros que no está justificada con la documentación que se aporta por el SES.

Al respecto, la diputada 'popular' Cristina Teniente ha acusado a la Junta de actuar con "complicidad" con respecto a algunas empresas ya que se cuestionado que si se dan "tantas ventajas" a "algunos contratistas" debe ser "por algo", al igual que cuando se perdonan indemnizaciones que "se deberían haber exigido legalmente".