Un trabajador discapacitado de la Empresa de Gestión Medioambiental S.A (Egmasa) en Almería ha iniciado este lunes una huelga de hambre para pedir su readmisión en la empresa, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, ya que, según reclama, "su contrato de carácter indefinido debe ser renovado tal y como establece la Ley".

Según ha informado a Europa Press el secretario de Comunicación de CGT en Andalucía, Juan Calvente, este trabajador, Luis Martín Aldeano, ha iniciado este lunes a las 12,00 horas una huelga de hambre indefinida para pedir su readmisión en la empresa, para lo que se ha instalado en una autocaravana a las puertas de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, donde "permanecerá el tiempo que sea necesario hasta que sea restituido su derecho a trabajar en su puesto".

Tal y como relata el sindicalista, tras 16 meses de trabajo en el Parque Forestal 'El boticario' de Almería, la empresa "se niega a renovarle el contrato, de carácter indefinido, y hacerlo fijo, tal y como establece la ley". En lugar de ello, apunta, "le han ofrecido subcontratarlo bajándole el sueldo en un 25 por ciento, es decir, que pasaría de cobrar los 800 euros que percibe ahora a 600".

A esto se une, ha advertido Calvente, una "doble discriminación", ya que Aldeano es un empleado discapacitado, concretamente carece de una de las extremidades superiores, y con su no renovación "la empresa incumple con el porcentaje de contratación establecido por ley, que es del 2 por ciento".

Tras reunirse con el delegado de Egmasa en Almería, Joaquín Jiménez, Aldeano, —que también es delegado sindical de CGT en la empresa—, éste le ha asegurado, según comenta el sindicalista, que "no estaba en sus manos, e incluso tenía prohibida su contratación".

Asimismo, ha informado que, para tratar el tema, la semana pasada el sindicato solicitó una entrevista con el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, quien aún no se ha puesto en contacto ni con el afectado ni con el sindicato.

Según lamenta, esta actuación "forma parte de un plan premeditado de despidos y aumento de la precariedad laboral para cientos de trabajadores andaluces, que apoyándose en el decreto 6/2010 sobre Función Pública comete tantos abusos como la empresa privada".

"Los motivos que se exponen para tanto despido y tanta precariedad son la crisis económica y la reducción del déficit público, mientras se reflotan bancos y se arruinan familias perdiendo sus casas en incontables casos", señala.