Procesados por posible "trato degradante" los nueve guardias civiles imputados por el caso Roquetas

Según los razonamientos jurídicos del auto se desprende de lo actuado "que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de trato degradante y lesiones".

A partir de este auto, la acusación particular y el Ministerio Fiscal deben presentar en diez días el escrito en el que pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del caso, sin perjuicio de que puedan "solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación".

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Almería, Juan Manuel de Oña, valoró el auto de la juez por el que se procesa a los nueve guardias civiles involucrados ya que, en su opinión, "está en la misma línea que baraja la Fiscalía desde el principio".

De Oña explicó que, tras conocer el auto, es posible que pida diligencias que entiende "necesarias" para el caso y que hasta el momento no se han realizado, e insistió en que la Fiscalía opina que hubo delitos "de lesiones con medios peligrosos y trato degradante".

Añadió que están a la espera de contar "con el procedimiento completo" para solicitar "la práctica de nuevas diligencias o ver si se puede formular el escrito de acusación" directamente.

Cantalejo defendió que Galdeano no habría muerto "sin el trato vejatorio" propiciado por los agentes y que "murió por la paliza" recibida, independientemente del consumo de droga por parte del fallecido.

A juicio del abogado, el fiscal y el juez "hablan de lo mismo que él" en cuanto a delitos de lesiones y trato degradante, aunque existen discrepancias sobre si las lesiones derivan en el resultado de muerte por una extralimitación de los agentes en el uso de la fuerza.

Además, incidió en que la acusación particular solicitará un segundo informe de autopsia pese a que la juez desestimara la petición de visionado del vídeo y la remisión del procedimiento al forense al que se lo han encargado.

Por su parte, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, dijo que el Gobierno hizo "lo que tenía que hacer", tanto desde el punto de vista normativo como político. Señaló que el ministro de Defensa, José Bono, y el director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, tomaron las decisiones normativas que le correspondían a cada departamento mientras que él, como titular del Ministerio del Interior, compareció en el Congreso para explicar lo que había pasado y lanzar un mensaje de tranquilidad.

Alonso, que no quiso pronunciarse sobre el auto dictado por la juez, dijo que la Guardia Civil es una gran institución, cuya trayectoria limpia y eficaz no se puede juzgar por un comportamiento excepcional.