La Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia Europeo que imponga una multa millonaria a España por no haber recuperado ciertas ayudas fiscales concedidas a nuevas empresas en el País Vasco en la década de los 90, que ya fueron consideradas "incompatibles" con el derecho comunitario.

La Comisión ha pedido una multa de 236.044 euros por cada día que transcurra desde que el tribunal vuelva a pronunciarse hasta que España acate la sentencia, y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta la segunda.

La Comisión destaca "que han transcurrido casi cuatro años desde la sentencia" del Tribunal de Justicia Europeo que declaró ilegales estas exenciones fiscales y que España aún no ha recuperado las ayudas estatale incompatibles.

Diez años sin impuestos

"El objetivo no es imponer multas, sino obtener una recuperación rápida de las ayudas ilegales por parte de los beneficiarios", dijo Amelia Torres, portavoz del comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia. "Cuanto antes se recuperen las ayudas, menos habrá que pagar", añadió.

La propuesta de multa es el último episodio de una disputa legal entre la Comisión Europea y el Gobierno español iniciada en 2001. Entonces, Bruselas declaró que ciertos regímenes de ayudas fiscales en el País Vasco que concedían una exención del impuesto de sociedades durante diez años a las empresas de reciente creación otorgaban una ventaja competitiva.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la UE dio la razón a la Comisión Europea y pidió a España que recuperara las ayudas el 14 de diciembre de 2006.

Denuncias desde Bruselas

Por vacaciones fiscales se conocía a una exención del impuesto de sociedades durante los primeros diez años de vida de las nuevas empresas establecidas en el País Vasco, créditos fiscales del 45% para inversiones superiores a los 15 millones de euros y reducciones en la base imponible de ese tributo durante los primeros cuatro años que obtuvieran beneficios.

Las primeras medidas fueron aprobadas en 1993 y fueron progresivamente canceladas, hasta desaparecer totalmente en 2000, ante las denuncias e investigaciones abiertas en Bruselas. A estas facilidades, que según la UE constituyen ayudas de Estado incompatibles con las normas comunitarias, se acogieron unas trescientas empresas.