El Partido Popular de Albacete ha dado a conocer este martes el Auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Villarrobledo que acuerda la apertura del juicio oral contra la ex alcaldesa de Munera (Albacete) y actual diputada provincial y presidenta de la Asociación Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel (SACAM), Lourdes Varea, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.

En rueda de prensa, el alcalde de Munera, Pedro Pablo Sánchez, junto con el portavoz del PP, Juan Marcos Molina, y el diputado provincial Constantino Berruga, ha resaltado la fianza impuesta a la acusada es de 30.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse, y han informado de que el órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa es el Juzgado de lo Penal de Albacete.

Pedro Pablo Sánchez ha detallado que el valor total "de las obras que se llevaron a cabo en Munera sin procedimiento administrativo alguno y con todos los informes técnicos en contra alcanza los 420.000 euros" y ha añadido que se corresponden tan sólo a los seis meses previos a la finalización del mandato de Lourdes Varea como alcaldesa en 2007, "quien estuvo en este cargo 16 años consecutivos".

Para los responsables del PP, "el criterio para adjudicar las obras a determinadas empresas, con vinculaciones familiares incluso, sólo lo sabe la acusada" y ha agregado que la legalización de algunas de estas obras "se ha tenido que realizar a 'posteriori'", señalando que "para la obtención de subvenciones públicas la ex alcaldesa utilizó documentos falsos, por lo que el Ayuntamiento de Munera, como acusación particular, también pide pena por este último hecho". PP:

Conocía el derecho

"Lourdes Varea no era una pobre alcaldesa ignorante del Derecho Administrativo, sino que es una política importante del PSOE, 16 años alcaldesa, diputada regional y vicepresidenta de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, licenciada en Derecho, diputada provincial delegada de Consumo y presidenta de SACAM, donde se manejan fondos europeos", ha manifestado Juan Marcos Molina, por lo que a su juicio "en todo momento la ex alcaldesa sabía lo que hacía o, en este caso, lo que no hacía".

Molina ha dicho que las obras se hacían en Munera "sin expediente previo, sin previa concurrencia pública para licitar empresas que pudieran estar interesadas, sin proyecto previo, sin presupuesto de gastos, sin comprobación de si existía o no consignación presupuestaria y con todos los informes técnicos del interventor y secretario en contra". "No le interesaba lo que estos informes decían y los ignoraba de manera consciente", ha asegurado.

Para el portavoz del PP es "imposible" saber qué criterio se seguía para adjudicar las obras en una forma de actuar presuntamente delictiva, sobre la que ahora debe pronunciarse el Juzgado de lo Penal. Así, ha señalado que el Ayuntamiento de Munera pide inhabilitación especial para empleo o cargo público a la diputada provincial socialista por diez años y cinco años de prisión por falsedad de documento público.

Responsabilidades políticas

Por su parte, el diputado Constantino Berruga ha exigido "responsabilidades políticas al PSOE de Francisco Pardo y José María Barreda por mantener en los cargos institucionales a quien ahora deberá sentarse en el banquillo de los acusados, por presunta prevaricación administrativa continuada".

"Además de las responsabilidades penales que el juez habrá de dilucidar, existe un responsabilidad política ante la que el máximo responsable a nivel regional del Partido Socialista, José María Barreda, no puede seguir mirando hacia otro lado", ha señalado.