El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, reconoció que entiende la "frustración social" que se ha podido originar con la cesión de activos y pasivos de CajaSur a BBK Bank, aunque recordó que esa frustración "se originó la noche del 21 de mayo con la decisión tomada por el consejo de administración", que derivó en la intervención del Banco de España, tras lo que espera que la situación "se normalice y se mire hacia adelante".

En declaraciones a Europa Press, Ávila reconoció que entiende la "frustración social" que se pueda producir sobre la situación de CajaSur, aunque consideró que dicha frustración "no es de hoy, sino que se originó en la noche del 21 de mayo, cuando una parte del consejo de administración tomó una decisión que desde prácticamente todos los ámbitos, económico, social y político, y desde el ámbito de Córdoba y Andalucía fue una decisión equivocada".

Tras reconocer que la decisión del consejo en mayo fue una decisión "libre", reiteró que "a la luz de la valoración, económica, social y política se ha considerado que podía haber sido de otra manera y aquella decisión no estaba suficientemente justificada".

"Todas las decisiones se han visto negadas por la realidad y este día simbólicamente focaliza esa frustración, al no haber conseguido algo que rompió una parte del consejo de administración vinculada al Cabildo de la Catedral de Córdoba", agregó el consejero, quien agregó que "todo el devenir desde entonces se ha prefijado y hoy se ha dado una culminación meramente formal al proceso".

Por ello, expresó su deseo de que "la situación se normalice se dé estabilidad a los clientes y acreedores y a todo el que tenga relación económica y financiera con la estructura que ahora se ha integrado en BBK para que pueda seguir funcionando y así necesariamente los impositores y trabajadores miren para adelante".

Precisó que el Banco de España "tomó la decisión de que BBK se encargara de CajaSur, acorde a velar por los legítimos intereses", tras lo que apuntó que la Junta "siempre está preocupada por todo lo que pase a los ciudadanos e intereses y las empresas que operan en Andalucía y sus repercusiones sobre el empleo", aunque dejó claro que "otra cosa diferente son los ámbitos competenciales" y en ese sentido dejó claro que "la Junta ya no tiene la tutela financiera desde el punto y hora en que se tomó aquella decisión".