Los Verdes de Canarias han criticado en un comunicado la inconcreción del futuro Proyecto de Ley de Armonización en materia de Protección del Medio Ambiente pues, en su opinión, "abre la puerta a una mayor discrecionalidad e indefensión del territorio".

El portavoz de la formación política, Arturo Méndez, *ha señalado que se requieren "más estudios previos" antes de la puesta en tramitación de este Anteproyecto, pues las evidencias económicas, jurídicas, técnicas y sociales, en las se basan las decisiones del legislador y su materialización en el articulado "parecen carecer de fundamentos" de ésta índole.

"Este anteproyecto —sigue diciendo el co-portavoz de Los Verdes— en todos y cada uno de los artículos, deja un altísimo e inaceptable grado de discrecionalidad, por lo que en la práctica real se desregula lo que se pretende regular".

"La discrecionalidad es la peor de las prácticas legislativas y supone introducir arbitrariedad como fundamento de la práctica administrativa. Al mismo tiempo, se introduce una inseguridad jurídica,*en concreto en lo referido al impacto ambiental, ya que adolece de la cuantificación de umbrales de cada variable en estudio", ha apuntado Méndez que ha hecho especial hincapié en los temas vinculados a la salud humana.

En este sentido, ha manifestado que los umbrales contaminantes físicos o químicos no se aporta nada en el anteproyecto. Además ha advertido que habla de disposiciones complementarias, sin embargo desde Los Verdes han recordado que en el caso de la Ley de Prevención de Impacto Ecológico se dijo lo mismo sin que después de 20 años hubiera desarrollo alguno y que generó "prácticas administrativas arbitrarias, ineficientes y perjudiciales" con daños en el espacio natural del archipiélago.

Méndez tampoco ha entendido la urgencia de esta Ley cuando la UE prepara la revisión de la Directiva de Impacto Ambiental en donde se reforzará la participación pública.

Sin embargo, según Los Verdes, no todas las propuestas son negativas. Así, por ejemplo, concreta las sanciones urbanísticas y medioambientales, externaliza el control y seguimiento de los Estudios de Impacto Ambienta y ofrece medios legales para que el infractor pueda asumir en la práctica real la restauración de la realidad alterada, entre otros.