El diputado regional del PP Julio Bartolomé ha alertado este martes de que la reforma fiscal planteada por el Gobierno regional, unida al endeudamiento, "paralizará" la economía cántabra, una idea que no comparte el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, quien, por el contrario, ha recalcado que la alternativa del PP dejaría a la región sin recursos para financiar los servicios, el estado del bienestar y el cambio de modelo productivo y, con ello, "sin presente ni futuro", como ha ocurrido en Irlanda.

Los grupos que apoyan al Gobierno (PRC-PSOE) han refrendado la postura del consejero, han considerado "justa" una reforma fiscal que pide mayor esfuerzo a quienes más tienen y han rechazado la enmienda a la totalidad que el PP había presentado a la Ley de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero para el próximo año, la conocida como Ley de Acompañamiento.

Además de la modificación de varias leyes, el texto del Gobierno incluye una nueva reforma fiscal que, en palabras del consejero, "pide un esfuerzo a quien está mejor para aliviar a los que están peor, no deteriorar los servicios públicos fundamentales e impulsar la cohesión territorial".

El resultado será, a su juicio, un sistema fiscal "más justo", que aportará más recursos para financiar los servicios y para mantener la "buena salud de las cuentas públicas". "Sólo la demagogia y la falta de escrúpulos pueden sostener que alguien diga que esta reforma recae sobre todos y especialmente sobre los más débiles", ha enfatizado Agudo.

El consejero ha recalcado que "democracia, calidad de los servicios públicos y sistema fiscal progresivo van de la mano" y ha advertido de que la "alternativa" a los impuestos es "la ley de la jungla, la desaparición del Estado y de las clases medias".

Sin embargo, el diputado Julio Bartolomé ha reivindicado la alternativa del PP, que se basa en la creación de empleo, para lo cual, según dice, es necesario que la economía no esté "sujeta por la doble tenaza" de la deuda y del aumento de la presión fiscal, que "paralizan" el desarrollo económico.

Bartolomé ha lamentado que la política económica del Gobierno regional está "desembocando en un monumental fracaso que va a dejar lastrada a Cantabria durante mucho tiempo". Según dice, el Ejecutivo ha "pisado el acelerador del gasto público" hasta el fondo, mientras "se lastra con nuevas cargas" a las familias y a las empresas "reduciendo así las posibilidades de crear empleo".

Además, ha incidido en que ese gasto público se financia con endeudamiento y ha alertado de los riesgos que conlleva, por un lado, porque no cree que el Gobierno pueda conseguir créditos por el volumen previsto, y por otro, porque ejemplos como el de Irlanda demuestran que sustentar el desarrollo en la deuda es como una bengala, que alumbra mucho pero se apaga pronto. ALTERNATIVA

En su opinión, es el momento de que el Gobierno reconozca la "gravedad" de la situación y tome las medidas correctas. Su propuesta en este sentido pasa por la eliminación de los nuevos impuestos propuestos por el Gobierno, como el de las bolsas de plástico, y la supresión también de las subidas en otros, como la que gravará más a los vehículos de mayor cilindrada.

Además, ha reivindicado la reducción de las tasas de abastecimiento, saneamiento y residuos a "extremos más soportables", y una reforma de las tasas de puertos deportivos.

Agudo le ha respondido que rebajar las tasas de abastecimiento, saneamiento y residuos deja como alternativas no prestar el servicio, incrementar los impuestos en lugar de las tasas o "quebrar" MARE, como hizo el PP con la antigua Empresa de Residuos de Cantabria.

"chapuza" y "doble moral"

El consejero ha reprochado además a la oposición que su enmienda a la totalidad es una "chapuza" en la que quita la escala autonómica del IRPF, sin proponer otra, lo que implicaría no recaudar nada por este concepto, es decir, 500 millones de euros menos de ingresos el próximo año. Bartolomé, sin embargo, ha asegurado que seguiría vigente la tabla aplicada en 2010.

Por último, Agudo también ha hecho hincapié en la "doble moral" del PP, que aboga por bajar los impuestos, pero en el Ayuntamiento de Santander no utiliza sus competencias sobre el IBI y la plusvalía, lo que en la práctica conllevará en algunos casos subidas de hasta el 40 por ciento, una acusación que el alcalde, Íñigo de la Serna, ha tachado de "mentira" desde su escaño.

Desde los grupos que apoyan al Gobierno, la regionalista Alodia Blanco ha denunciado que la alternativa fiscal del PP es en realidad "un desierto, un agujero negro", en el que las "exiguas" reformas que propone "no benefician a las clases bajas ni medias" y son "perjudiciales" para la Comunidad Autónoma.

En cambio, la reforma fiscal del Gobierno se ha elaborado, en palabras de la socialista Ruth Carrasco, "desde la responsabilidad, garantizando la equidad social y la sostenibilidad ambiental", solicitando más esfuerzo a quienes están mejor e incidiendo en comportamientos respetuosos con el medio ambiente a través de la fiscalidad verde.