El viernes pasado los miembros del Ejecutivo valenciano dieron el visto bueno a este decreto que ahonda en el fomento de la transparencia de las administraciones públicas valencianas y que viene a desarrollar la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, una normativa que entró en vigor a mediados del pasado mes de julio, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Al respecto, el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha explicado que este decreto "viene a completar el conjunto de normas que se han aprobado en el último año y que obligan a los cargos públicos de la administración autonómica y local a difundir su situación económica".

El 23 de febrero de este año, el Boletín Oficial de las Corts Valencianes (BOCV) publicaba las declaraciones de bienes de los 99 diputados del parlamento valenciano. Dos meses después, el 23 de abril, fueron los responsables del Gobierno valenciano y el DOCV difundió la situación patrimonial de 186 cargos públicos del Consell.

Medidas encaminadas, según palabras de Blasco, a fomentar la transparencia en la vida pública que no tienen precedentes en el parlamentarismo español" y que el conseller califica de "históricas, puesto que los ciudadanos pueden conocer el patrimonio de sus responsables públicos como popularmente se dice a 'golpe de clic', a través de las publicaciones oficiales que se pueden consultar en Internet".

Exigencias mínimas

La toma de posesión, el cese o el fin del mandato, son las tres circunstancias en las que alcaldes y concejales electos deberán dar a conocer su patrimonio. Entre las exigencias mínimas que establece el decreto se encuentran los ingresos netos percibidos en el ejercicio anterior a la declaración, el patrimonio inmobiliario así como vehículos, joyas y obras de arte, además de una relación del pasivo.

Los 5.602 concejales y alcaldes actuales también deberán hacer pública su situación patrimonial antes de que acabe la legislatura, con ocasión del fin del mandato, durante los 30 días siguientes naturales.