La concejala de Movilidad Sostenible de Santander, María José González Revuelta, ha denunciado que el anteproyecto de Ley de Transportes de Viajeros por Carretera que está tramitando el Gobierno de Cantabria supone un "claro atentado" a la autonomía municipal y ha pedido que se revise el texto teniendo en cuenta las propuestas del Ayuntamiento.

González ha señalado en rueda de prensa que el anteproyecto atenta contra el ejercicio de las competencias municipales, tanto en lo relativo a las "grandes decisiones" sobre transporte urbano, como en lo referido a las cuestiones "de detalle"

Ha criticado además que el Gobierno no se haya dirigido a los ayuntamientos para intentar consensuar esta ley, sino que ha utilizado "la imposición", pese a que estos transportes afectan de manera directa a todos los consistorios y, de forma importante al de Santander, que representa "casi el 35 por ciento" de los viajes realizados en la región.

En el caso del transporte urbano, ha explicado que el anteproyecto determina que la prestación de los servicios regulares de viajeros se realizará con carácter general en régimen de concesión administrativa, y para que se pueda prestar en otro régimen es necesario demostrar que no es posible llevarlo a cabo mediante dicha concesión.

Según la concejala, teniendo en cuenta que en la mayoría de las ciudades sus servicios de transporte funcionan como concesión administrativa, "sería bastante difícil demostrar que aquí hay motivos que lo hacen imposible", por lo que este artículo, el 19, "vulnera" la Ley de Bases de Régimen Local, que establece las formas de gestión de los servicios municipales y los límites para optar por una forma u otra, decisión que es "competencia exclusiva" de los ayuntamientos, que no tienen que "demostrar nada", ha recalcado.

Para González, esta regulación resulta "especialmente grave" en el caso de Cantabria, donde el Ayuntamiento de Santander ha optado por el régimen de gestión directa por la propia entidad local, que entraría "en colisión" con la forma de gestión por la que opta el anteproyecto, "invadiendo" así las competencias municipales y la autonomía local.

Otra "injerencia" del anteproyecto, a su juicio, es que establece que los planes de coordinación de servicios deberán ser aprobados de manera definitiva por la Consejería correspondiente, cuando corresponde a los ayuntamientos aprobar los planes que no rebasen el territorio municipal, ha dicho, al menos en municipios de "gran población", limitándose la Comunidad a emitir los correspondientes informes.

Y lo mismo ocurre, según la concejala, con los Planes de Movilidad que no superen el ámbito municipal, cuya aprobación "corresponderá en todo caso a los ayuntamientos", y no, como señala el texto "de forma "genérica e indeterminada", serán aprobados por la Comunidad cuando incidan en competencias autonómicas.

Junto a ello, la responsable municipal ha señalado que el anteproyecto tampoco respeta "cuestiones de detalle", como por ejemplo que los ayuntamientos "ni siquiera pueden decidir" la ubicación de las paradas urbanas de los servicios de transporte interurbanos, ni cuales van a ser su recorridos, sino que "sólo" se les va a pedir informe, pero "no dice" que sea "vinculante", ha precisado.

En este sentido, ha señalado que los transportes interurbanos están "perjudicando" tanto al transporte urbano como al tráfico de la ciudad. Así, ha destacado que un día laborable en hora punta, de 12 a 14 horas, en el tramo Valdecilla-Jesús de Monasterio circulan 145 autobuses, entre cercanías y regionales, y la mayor parte de ellos paran en Valdecilla y San Fernando. Y en el mismo horario, por Marqués de la Hermida circulan 68 autobuses de cercanías o regionales.

El recorrido de estos 145 autobuses por el centro de la ciudad tiene, según la concejala, consecuencias importantes" para los vecinos de Santander, como que la velocidad de los autobuses municipales se reduce más del 5% por ese motivo; la densidad de coches aumenta más de un 2%; y el tiempo de viaje de los usuarios del TUS se incrementa más de un 4%.

Por tanto, es el ciudadano de Santander el que en su opinión resulta "verdaderamente perjudicado" por esta situación, motivo por el que es "muy importante" que sea el Ayuntamiento el que determine dónde ubicar las paradas y cuál debe ser el recorrido de esos autobuses para que afecten lo menos posible al tráfico de la ciudad. COMPENSACIONES

Otro aspecto que también supone una "injerencia", según la concejala, es que el anteproyecto señala que será la Consejería de Industria la que decida si el establecimiento de nuevos servicios afecta al equilibrio financiero de otras líneas que ya existían, y por tanto será la que decide cúando debe recibir una compensación, incluso en los supuestos en los que las entidades titulares de los servicios ya existentes sean los ayuntamientos.

Al respecto, González ha considerado que "lo lógico" sería que fuesen los titulares de los servicios que ya existen los que determinen si se ha producido desequilibrio económico y cómo debe ser compensado.

Para la concejala esto es "del todo inadmisible", y además en el anteproyecto se aprecia una "absoluta falta de reciprocidad" en las obligaciones de las administración autonómica y municipal, en materias como las estadísticas o modificaciones de sus líneas.

El Ayuntamiento ha enviado todas estas alegaciones a la Dirección General de Transportes y espera que el borrador "se revise" en los términos que propone y se tengan en cuentan sus aportaciones, que considera "absolutamente necesarias", ha concluido la concejala.