Los sindicatos UGT, CC.OO. y CIG han asegurado que la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga) comunicó el pasado lunes a la comisión de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) la ampliación del mismo "a la totalidad de la plantilla", con lo cual, de los 47 veterinarios iniciales, los trabajadores afectados —que hasta el momento se dedicaban a labores de identificación animal— pasan a ser 114.

"Podemos decir que estamos hablando de un cierre patronal", ha censurado el secretario de la organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT Juan Carlos Fernández, en rueda de prensa acompañado por miembros de la comisión negociadora.

Junto a él, han comparecido el secretario de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Juan Carlos Granados, que ha denunciado la utilización del ERE como "vía encubierta para el despido de más de 100 profesionales" y su homólogo de la Federación de Servicios de la CIG, Paulo Rubido, quien ha incidido en que constituye una "trampa, una estafa y un fraude" por parte de la Administración gallega.

Rubido ha abundado en las características "más que cuestionables legalmente" de este expediente regulador después de que su compañera y responsable del área pública de la CIG, Carmen López Santamariña, resaltara de que se trata de "un ERE histórico" por ser "el primero" que presenta una empresa pública.

"Carece de sentido, es esquizofrénico", ha proclamado el sindicalista al señalar que "el presidente del consejo de administración de Seaga es el conselleiro de Medio Rural —Samuel Juárez—". "Y va a ser su compañera de Gobierno, la conselleira de Traballo —Beatriz Mato— quien determine si lo que hace se aprueba o no se aprueba", ha censurado. Al respecto, ha exclamado que "eso tiene un nombre: caradura y desmadre por parte del Partido Popular".

El ERE en Seaga se presentó el pasado 14 de octubre y tenía como plazo de finalización el pasado día 16 de noviembre. Sin embargo, según han indicado los representantes de los sindicatos, en una reunión mantenida la jornada anterior la empresa pública trasladó la intención de incrementar su alcance y prorrogó el periodo de consultas hasta el próximo 3 de diciembre.

Los hechos se producen a raíz de los cambios introducidos por la Consellería de Medio Rural en el sistema de identificación del ganado, algo que hasta la actualidad realizaban los 114 veterinarios de Seaga y que pasarán a realizar los dueños de las explotaciones directamente mediante una oficina virtual en Internet, un número de teléfono o a través de una entidad acreditada que cumpla los requisitos de un decreto que publicó el DOG el pasado 4 de noviembre.

Con este texto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en rueda de prensa posterior al Consello que lo aprobó, cifró en 5 millones el ahorro de las arcas públicas autonómicas en lo que queda de legislatura.

Beneficio de 2,4 MILLONES

Los representantes de los trabajadores han cuestionado dicho ahorro porque, según han afirmado, Seaga registró un beneficio neto en el último ejercicio fiscal de 2,4 millones de euros, por lo que "acumula beneficio", han constatado.

Las centrales han subrayado su rechazo a una decisión "inadmisible, injusta", adoptada de manera "grave y burlesca" y que supone "un trastorno" para los ganaderos y un importante riesgo para la seguridad alimentaria, pero han expresado que su voluntad es "seguir abiertos a la negociación".

La próxima cita está convocada, han dicho, el próximo jueves día 25, sin embargo, antes del encuentro, los sindicatos ya han anunciado que los trabajadores afectados comenzarán una huelga "con carácter indefinido" el próximo lunes 29 de noviembre. Además, preparan un calendario de movilizaciones de las que no han concretado fechas.

Declaraciones de badiola e informe del consello consultivo

Asimismo, han remitido a unas declaraciones del presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, Juan José Badiola, en las que alerta sobre lo "preocupante" de que la seguridad alimentaria y la trazabilidad que garantiza la identificación animal no sean "una prioridad" de las políticas públicas.

También se han referido al informe "negativo" del Consello Consultivo de Galicia sobre el documento que regula las condiciones que deben cumplir las entidades que deseen identificar animales en la comunidad, que dictamina "que el proyecto de decreto resulta contrario al ordenamiento jurídico".

"de la cabeza a la cola"

Por último, los propios veterinarios afectados por el ERE han tomado la palabra para rechazar la argumentación de la Xunta de que, con esta medida, la Comunidad Autónoma se equipara a otras regiones y países en los que la identificación se realiza de forma directa por parte de los ganaderos. De hecho, han reprochado que "de estar a la cabeza, pasará a ser la última de la cola".

"A lo mejor en otras comunidades tendrían que ponerse las pilas", ha afirmado una profesional, quien ha detallado que "un 99 por ciento" de la carne decomisada en mataderos por irregularidades documentales en la identificación procede de fuera de Galicia.

Con el nuevo sistema, la garantías de identificación sobre el 100 por cien de las reses nacidas en la Comunidad gallega caerá hasta el 3 por ciento, han incidido, al ser éste, según han dicho, el porcentaje que cubren las inspecciones técnicas de Medio Rural.