El Parlamento de Cantabria aprobará el próximo 29 de noviembre la Ley de Garantías de Derechos y Atención a la Infancia y la Adolescencia, según la fecha fijada este viernes por la Mesa de la Cámara.

Dicha Ley será aprobada por unanimidad, tras el consenso alcanzado entre los tres grupos políticos durante la tramitación del proyecto que el pasado día 15 superó su último trámite, el debate en Comisión, a la que llegó ya consensuado por 'populares', regionalistas y socialistas.

Así, el PP había presentado 64 enmiendas al texto, de las cuales, PSOE y PRC aceptaron 18. Otras 23 fueron retiradas y en las 23 restantes se ha llegado a acuerdos transaccionales.

La Ley de Infancia y Adolescencia de Cantabria concreta algunos de los derechos recogidos ya en la legislación vigente y los adapta al momento actual, además de establecer los deberes de niños y adolescentes.

Se sustenta en cinco principios básicos, que pasan por reconocer como derechos de ciudadanía los de la infancia y adolescencia; un modelo de atención que prima los programas de implantación comunitaria; superar el viejo modelo asistencial basado en la protección; y entender que el interés superior del menor prevalece siempre sobre cualquier otro, teniendo en cuenta sus necesidades, derechos y opiniones.

Además, este nuevo modelo también considera que la atención educación y protección de los menores es una responsabilidad compartida por todos los agentes sociales.

Entre las novedades, la ley define las modalidades de atención a la infancia y adolescencia que prestan las administraciones públicas; en concreto, las acciones de promoción y defensa de sus derechos, programas de prevención e intervención en situaciones de desprotección infantil, así como actuaciones que promuevan la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo.

También hay un título dedicado a la intervención en situaciones de desprotección infantil, en el que se establecen los contenidos, principios, valores y distribución de competencias, así como la cartera de servicios.

Igualmente, incorpora un título para regular las intervenciones con los adolescentes sujetos a medidas penales, estableciendo una cartera de servicios específica.