La Delegación del Gobierno no designará representante en el Observatorio de la Seguridad Ciudadana en la Comunitat Valenciana, organismo impulsado por la Generalitat, para rechazar la "política de hechos consumados" del Consell, según ha afirmado este viernes Ricardo Peralta.

Peralta ha facilitado una copia del fax remitido a la Delegación por la conselleria de Gobernación el pasado 12 de noviembre en el que se informa de la creación de este organismo y reclama que designe vocal, titular y suplente como representante de la administración del Estado en materia de seguridad y que se comunique antes del 20 de noviembre.

En este sentido, Peralta ha recordado que la seguridad es "competencia exclusiva del Estado" y ha indicado que le parece un procedimiento "absolutamente rechazable", porque, a su juicio, cuando se pretende "llevar a cabo actuaciones en materia que es competencia exclusiva del Estado" y contando con su colaboración, "lo lógico, lo básico y lo prioritario es que el tema se hable, se trate y se acuerde con la administración central del Estado".

En este sentido, ha advertido que "pretender situarnos ante política de hechos consumados es absolutamente rechazable" y por tanto, ha indicado, "por parte de la Administración Central del Estado, no se va a designar representante que participe en dicho Observatorio, con el objeto de dejar claro que no podemos compartir en modo alguno esta forma de actuación".

No obstante, ha explicado que esta decisión no impide que el Observatorio "pueda realizar los trabajos que estime oportunos" y ha recalcado que si desde el Consell se afirma por esta actitud que el Gobierno central no quiere colaborar en la seguridad ciudadana, debe quedar "claro que lo que no estamos dispuestos a aceptar es políticas de hechos consumados en las que no se nos informa en absoluto de las actuaciones que se llevan a cabo en materia de nuestra competencia y además, se nos requiere para que designemos representantes y, por tanto, demos nuestra conformidad a esa forma de actuar".

Criterios estatales

Además, ha recordado que "en una materia tan importante, tan trascendente, tan básica como la seguridad ciudadana, el Gobierno de España tiene criterios establecidos a nivel estatal, compartidos con las fuerzas políticas" y ha añadido que "el que una Comunidad Autónoma, de manera unilateral, sin ningún tipo de advertencia más que a posteriori, nos comunique este tipo de decisiones es algo que contradice criterios acordados por todos a nivel estatal y política de hechos consumados que no podemos aceptar".

Preguntado si considera que el Consell ha actuado deliberadamente mal, ha respondido que "eso es tanto como preguntarme si son tontos o perversos" algo ante lo que no sabría pronunciarse porque "sería una valoración que descalificaría" y ha dejado a "opción de los ciudadanos" la interpretación, aunque ha deslizado que "en estas cosas no se actúa sin pensarlo; es un tema suficientemente importante como para abordarlo de manera reflexiva y si es posible, de manera consensuada".