La asociación que representa a la industria farmacéutica en España, Farmaindustria, ha insistido en que el Gobierno gallego "carece de competencias" para aplicar medidas contenidas en la proposición de ley para la racionalización del gasto farmacéutico que impulse un catálogo de medicamentos propio que financiará el Sergas y ha criticado la "extralimitación" que supondría.

"Ninguna comunidad autónoma tiene competencias para establecer una catálogo de contenido inferior al nacional", ha subrayado el director de Relaciones con las CC.AA. de Farmaindustria, José Ramón Yagüe, en una rueda de prensa en Santiago en la que presentaron las conclusiones de un informe jurídico que avala su posición contraria a la proposición de ley en trámites en el Parlamento gallego.

De este modo, Yagüe ha reiterado que el catálogo gallego "puede incluir un incremento" de los fármacos recogidos en el catálogo del Ministerio de Sanidad pero ha afirmado que "lo contrario es imposible" porque una autonomía no puede tener "uno de contenido inferior" al nacional.

En relación al informe jurídico elaborado por el despacho Uría Menéndez sobre la proposición de ley, la directora del departamento jurídico de Farmaindustria y secretaria general de la asociación, Lourdes Fraguas, ha destacado que el "análisis exhaustivo" realizado en este dictamen pone de manifiesto que "es el Estado quien tiene competencias exclusivas para decidir qué medicamentos se financian".

Al respecto, ha añadido que, según el Estatuto de Autonomía de Galicia, la comunidad "no puede más que desarrollar lo que establece la legislación estatal". El informe expuesto por Farmaindustria recuerda que la legislación estatal establece que es competencia exclusiva del Estado también fijar las condiciones de la financiación de medicamentos y el régimen de prescripción y dispensación de medicamentos para ser cubiertos por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Cartera de servicios

El dictamen, atendiendo a la normativa nacional, señala que ésta establece que la cartera de servicios de las comunidades "incluirán cuando menos la del SNS", según consta en el artículo 20 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Precisa, además, que el Estado tiene la competencia exclusiva para fijar un nivel "mínimo" homogéneo para todo el territorio nacional en lo que se refiere a prestaciones del SNS.

De este modo, los representantes de Farmaindustria han apuntado que en ningún caso la Comunidad gallega "puede modificar o recortar" las prestaciones aprobadas por el Ministerio de Sanidad para todo el territorio nacional.

La directora del departamento jurídico de Farmaindustria, asimismo, hizo referencia a que el informe señala que la iniciativa legislativa en trámite parlamentario modifica el régimen de financiación de los medicamentos en Galicia, autorizando al Sergas a crear un catálogo diferente al del SNS, excluyendo la cobertura pública de los medicamentos que considere conveniente. Al respecto, ha incidido en que la comunidad "carece de competencias" para ello.

Igualdad de acceso

Por ello, ha subrayado que la propuesta normativa vulnera el principio de igual de acceso a la prestación farmacéutica y restringe el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud de los pacientes en Galicia con la elaboración de un catálogo que Farmaindustria resalta que es "más reducido" que el del SNS.

Fraguas aludió también a que el informe considera en que incide en el libre ejercicio de la profesión de los profesionales sanitarios y que vulnera su derecho a la libertad de prescripción que, ha recordado, "cuenta con el único límite del Nomenclátor autorizado por el Ministerio de Sanidad". En este sentido, el dictamen señala que, al excluirse medicamentos del catálogo de productos susceptibles de prescripción, el médico se ve imposibilitado para prescribirlos.

"Trae una limitación en la prescripción de los profesionales sanitarios", ha destacado Lourdes Fraguas, quien ha recalcado que una comunidad "puede adoptar medidas para racionalizar" el gasto, pero ha recordado que eso "no supone que asuma competencias que no tiene".

Tras considerar que "lo mejor es avanzar en los medicamentos innovadores", los representantes de Farmaindustria han manifestado que "el primer perjudicado es el paciente porque deja de disfrutar de la variedad de medicamentos" y, además, "atenta contra la libertad del médico y contra la innovación, porque prima unos productos".

Yagüe ha reiterado, además, los efectos que puede tener el cambio de medicamentos en enfermos mayores crónicos lo que, ha precisado, puede causar problemas de "seguridad" por la adherencia al tratamiento, ya que pueden llevar a que "se confundan" con el formato diferente del fármaco y "afecta también a la confianza del paciente con su médico". AHORRO

El responsable de Relaciones con las comunidades ha estimado que "son necesarios" entre "10.000 y 15.000 millones de euros", atendido al déficit que arrastra, para que el sistema sanitario "pueda compararse" con otros y ha afirmado que "los recursos están infrautilizados".

En relación con las medidas legales a adoptar, Fraguas ha afirmado que "si fuera aprobada" la norma "tendría que ser el propio Estado quien la impugnara". "Somos un Estado de derecho y tenemos un marco legal", ha apostillado.

"Hay que ver en qué términos resulta aprobada la proposición de ley", ha matizado Yagüe, mientras que el responsable de comunicación, Julio Zabala, ha concluido en que Farmaindustria no se opone a que una comunidad "quiera desarrollar políticas de ahorro", sino que tiene "que velar porque se ejecuten en un marco legislativo viable". "Una cosa es ahorrar, pero no a cualquier precio", ha sentenciado.