Un jurado popular tiene previsto juzgar desde este lunes a un hombre, que en 2004 era encargado en el Ayuntamiento de Cártama (Málaga) del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales del término municipal, acusado por presuntamente reclamar a los vecinos dinero para impedir sanciones, paralizaciones o por ocultar expedientes urbanísticos.

También se juzga a otras dos personas. Según el relato inicial del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, supuestamente, el principal procesado reclamaba en esa fecha a propietarios y vecinos, "abusando de sus funciones, el pago de distintas cantidades para impedir la iniciación, paralización, sanción o procurar la ocultación de expedientes de disciplina urbanística".

Las conclusiones provisionales de la acusación pública señalan que en diciembre de 2004, pidió a un hombre 12.000 euros "para conseguir evitar, con su supuesta intermediación, que fuera sancionado por arrojar escombros de modo ilegal". Así, supuestamente se ofreció a hacer otras intermediaciones, constando en el escrito 11 casos y reclamando en total 129.000 euros.

En una ocasión, contactó con otro de los acusados, quien, según el fiscal, le dio 9.000 euros; mientras que otra vez supuestamente pidió dinero, utilizando como intérprete al tercer procesado, al que se le considera cómplice. Según la Fiscalía, el ex responsable municipal fue convocado para dar explicaciones sobre lo sucedido y presentó su renuncia irrevocable a su empleo municipal en enero de 2005.

Por un delito de cohecho continuado, el ministerio público pide siete años de prisión, inhabilitación para cargo publico por 12 años y multa de 250.000 euros para el ex responsable municipal; mientras que solicita un año de cárcel, cuatro años de inhabilitación y multa de 60.000 y 10.000 euros, respectivamente, para los otros dos procesados por un delito de cohecho.

Este juicio se iba a celebrar en noviembre de 2008 en la Sección Primera de la Audiencia, aunque fue aplazado para que se celebrara por el procedimiento de la Ley del Jurado. También se acusaba al ex responsable municipal por un delito de coacciones, por el que se solicitaba dos años de prisión. El Ayuntamiento de Cártama está personado como acusación particular.