Núñez y Navarro destaca la "maniobra" de Munar para desvincularse de la "flagrante ilegalidad" de Can Domenge

La acusación particular afirma que "dirigió, supervisó y coordinó al núcleo del poder del Consell" para ejecutar el proceso

La acusación particular dentro del caso Can Domenge, representada por la empresa Núñez y Navarro, destaca que el hecho de que el pleno del Consell asumiese la enajenación de los terrenos palmesanos no fue más que una "maniobra" de la ex presidenta insular, Maria Antònia Munar, para "diluir" su responsabilidad en este proceso, consciente de la "flagrante ilegalidad" que estaba "perpetrando" junto a otros ex altos cargos de la Institución también imputados en esta causa de presunta corrupción.

Así lo pone de manifiesto en el escrito que presentó ante el Juzgado de Instrucción 12, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que al igual que la Fiscalía solicitaba la transformación del caso Can Domenge a procedimiento abreviado para que las acusaciones puedan formular escrito de acusación, tal y como finalmente ha decretado la magistrada Carmen González. En concreto, la mercantil perteneciente a José Luis Núñez apunta a la presunta comisión de los delitos de malversación, fraude y exacciones ilegales, prevaricación continuada, de facilitar información privilegiada y otro de uso de información privilegiada.

En el caso de Munar, la acusación particular, a través del letrado Cristóbal Martell, asevera que la "gran relevancia" patrimonial del inmueble dentro del presupuesto del Consell y, por ende, la importancia que revestía su enajenación "tornan en imposible que Munar, presidenta absolutamente ejecutiva, estuviera al margen y desconociera los tratos habidos" con la mercantil Sacresa, que finalmente resultó adjudicataria pese a ofrecer treinta millones de euros, la mitad que Núñez y Navarro y que el valor de los terrenos.

Unas negociaciones supuestamente ilícitas que, de acuerdo a la acusación, iban dirigidas a concertar con Sacresa la adjudicación "fraudulenta" de los solares. Según el escrito, era la presidenta "el órgano competente para su enajenación" aunque su avocación al pleno constituyó una "maniobra" de Munar, quien "dirigió, supervisó y coordinó al núcleo de poder del Consell en la ejecución de los elementos de fraude articulados (concurso con precio topado con valoración bastarda), consintiendo todos estos extremos".

En concreto, la acusación particular solicitaba que, una vez finalizada la instrucción del caso, el proceso penal continuase contra Munar así como contra el ex vicepresidente insular Miquel Nadal, los ex consellers de Territorio Bartomeu Vicens, y de Economía, Miquel Àngel Flaquer; Santiago Fiol, abogado asesor contratado por Sacresa; el principal accionista de Sacresa, Román Sanahuja Pons; y el ex director general de la empresa adjudicataria, Mario Sanz Bernal.

Por su parte, en el escrito que también presentó el Ministerio Fiscal para solicitar el pase a procedimiento abreviado, apunta al "traje a medida" que han conformado las actuaciones de los encausados "en el desarrollo de su estrategia", dirigida a concertarse con Sacresa previamente a la publicación del concurso y establecer un precio de treinta millones de euros.

La fiscalía pedía el archivo respecto a un ex directivo de sacresa

En el caso de la acusación pública, se da la circunstancia de que pedía el archivo de la causa respecto a Sanz Bernal, "por cuanto era empleado sin capacidad de toma de decisiones finales que vincularan a Sacresa" así como tampoco "ostentaba control ni dominio de los actos decisivos de cara a un trato de favor", pese a que finalmente la instructora del caso ha decidido que prosigan las actuaciones contra él, a petición de la acusación particular.

La Fiscalía apuntaba en su escrito que "el plan de beneficiar" a Sacresa se llevó a cabo con "desprecio total" de las normas administrativas y legales de contratación, evitando la posible concurrencia o intervención de terceros, anticipando y facilitando información confidencial y privilegiada para que una determinada sociedad pudiera más fácilmente adjudicarse el concurso, y "con grave perjuicio" al patrimonio público al enajenar un inmueble por la mitad de su valor en el mercado.

Es por ello que señalaba que los hechos investigados pudieron constituir un delito de prevaricación continuada, de fraude a la administración, de facilitar información privilegiada, de uso de información privilegiada y un último de malversación.

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