El colectivo social Tagoror Achinech ha criticado el silencio que guarda la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias tras haber comprobado que se han retomado las obras en las turbinas ubicadas en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, concretamente en Chío.

El colectivo, en un comunicado, ha explicado que ha remitido varias reclamaciones sobre estas obras sin que hasta el momento se haya dado respuesta alguna por parte del área que lidera Domingo Berriel a pesar de que ha transcurrido más de tres meses y la ley exige responder en menos de un mes.

Han argumentado que las obras en este centro productor energético consiste en "la colocación de accesorios en las chimeneas de emanación de gases, instalación de estanques para minimizar el efecto óptico de los humos y, la retirada de los generadores móviles, pasado de una capacidad generados de 53,7 Megawatios a 45".

Estos cambios, a juicio de Tagoror Achinech, han vulnerado la Ley 16/2002, de prevención y control integrado de contaminación, que estipula que cuando se efectúe una modificación sustancial en las instalaciones, objeto de una Autorización Ambiental Integrada queda anulada y, la empresa titular de las instalaciones debe solicitar una nueva. Cosa que hasta el momento, según el colectivo no ha sucedido.

Tagoror Achinech, por último, ha planteado que tras estas modificaciones, lo que se pretende es tramitar las subvenciones del Gobierno de España, acogiéndose a la Legislación de Generación eléctrica extrapeninsular e insular, que caso de ser cierto estarían vulnerando lo estipulado en los artículos 308 y 309 del Código Penal.

En estos se establecen que "el que obtenga una subvención, desgravación o ayuda de las Administraciones públicas de más de 80.000 euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de su importe*" y "el que obtenga indebidamente fondos de los presupuestos generales de la Comunidad Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a 50.000 euros, falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía*"

Para el colectivo social, no sólo la empresa eléctrica podría estar "incumpliendo", sino también las administraciones que al tener conocimiento "de estos fraudes, no actúa en consecuencia".