El Tribunal Supremo ha acordado absolver a cinco de las dieciocho personas que en julio de 2009 fueron condenadas por la Audiencia de Valladolid a un conjunto de penas que suman 90 años de cárcel y multas por importe de 231.157 euros a raíz de su detención en la 'Operación Plata', desarrollada entre los años 2006 y 2007 y en la que se desarticuló una banda de narcotraficantes y se intervinieron más de 1,6 kilogramos de cocaína, casi 900 gramos de heroína y distintos útiles para su corte y distribución, así como distintas armas de fuego.

Aunque está pendiente aún la redacción definitiva del fallo por parte del Supremo, este tribunal ya ha deliberado sobre los recursos de casación interpuestos por las defensas y, en consecuencia, se ha puesto en contacto con la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, órgano que dictó la primera sentencia, para ordenar la inmediata puesta en libertad de cinco de los dieciocho condenados que permanecían presos por esta causa, dada su decisión de revocar sus condenas y de absolverlos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Este es el caso de María Milagros V.P, alias 'Marujina', que fue condenada a ocho años de cárcel; Antonio R.B, Miguel Ángel B.B, Yonathan E.J. y Manuel R.B ('Manolete'), sobre los que recayeron condenas de seis años de privación de libertad, si bien, y a falta de la redacción definitiva de la sentencia por parte del Supremo, la absolución podría extenderse a la totalidad de los otros trece condenados, sobre los que recayeron penas inferiores, o a una parte importante de ellos.

El Ministerio Fiscal pidió penas que sumaban 97 años de prisión y multas por importe de 49.640 euros al considerar que los dieciocho procesados integraban una banda de narcotraficantes cuyo núcleo duro lo conformaban Lucía E.J. ('La Guaja'), sus dos hijos José Antonio ('Peluso') y Soraya R.E, así como la esposa del primero, María Milagros V.P. ('Marujina').

Respecto a éstos, la fiscal calificó durante el juicio de "desolador y lamentable la naturalidad con la que hablaban de las operaciones, con implicación incluida de menores. Toda la vida de esta familia ha girado en torno al tráfico de drogas".

En un segundo escalón, los anteriores, tal y como consideró probado la Audiencia Provincial, contaban con el auxilio de Manuel R.B. ('Manolete'), su hijo Antonio R.B. y Jonathan E.J, y en un nivel inferior de la escalera se movían otros de los imputados, los denominados 'lacorros' o 'lacorrillos' o toxicómanos esclavizados, entre ellos Alberto C.C. ('Canano'), Idoia O.P, Julián M.S.G, Ana Rosa S.B, Alfredo J.B. ('El Bule') y su esposa, Concepción G.E.

El almacén,

Un piso en la calle brañas

En el caso de la droga llegada a Valladolid, el tribunal vallisoletano consideró acreditado que ésta era almacenada en un piso de la calle Brañas, en el Barrio España, propiedad de Yonatan E.J, y que luego era trasladada en menores cantidades a otro inmueble de la calle Arozín, en Vadillos, que ocupaban las hermanas Concepción B.E. y Asunción B.B, así como a otros pisos y también en pequeñas dosis para su tráfico al 'menudeo'.

José Antonio R.E. ('Peluso') era el encargado de viajar a la capital de España para proveerse de mercancía en grandes cantidades que luego distribuía en Valladolid y también León, cometido este último a través de dos contactos que tenía en Mansilla de las Mulas, en este caso la pareja integrada por Miguel Ángel B.B. y María Blanca B.B, esta última en paradero desconocido y que al estar declarada en rebeldía será juzgada por separado en el momento en que sea detenida.

Fue precisamente en uno de estos viajes realizado el 23 de junio de 2006 cuando 'Peluso' y Antonio R.B. fueron detenidos cuando viajaban a bordo de un turismo en el que la policía les ocupó casi 200 gramos de cocaína. A raíz de esa detención, y tras conocer por las escuchas que el resto de la familia estaba al corriente y había dado órdenes de deshacerse de pruebas, la policía se vio obligada a precipitar el desenlace de la operación y a efectuar distintos registros domiciliarios en los que halló más pruebas incriminatorias.

Sin medios lícitos de vida

Además de la prueba fundamental que constituían los 'pinchazos' telefónicos, en los que los procesados utilizan términos tales como 'niños', 'niñas', 'leche', 'café', 'rosquillas', 'zapatillas' o 'cenas', entre otros, para evitar referirse a la droga, ninguno de los procesados pudo acreditar cómo se ganaba la vida. "No trabajaban en nada, salvo en la venta de droga", sentenció la fiscal en el juicio.

La acusación pública solicitó las penas más duras, en concreto nueve años de cárcel, para los, a su juicio, presuntos cabecillas, José Antonio R.E ('Peluso'); su esposa, María Milagros V.P., así como para una hermana del primero, Soraya R.E, mientras que para el resto de los acusados interesaba condenas que oscilan entre los seis y los tres años de prisión, junto con un conjunto de multas que se elevan a 49.640 euros.