El Parlament ha aprobado por unanimidad instar al Govern y al Gobierno central a que realicen todas las gestiones necesarias ante el Ejecutivo alemán para que éste excluya de la tasa aérea a los territorios insulares de la Unión Europea (UE) debido a sus características "especiales y limitadas" de movilidad.

Durante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, se ha aprobado una Proposición No de Ley de UM, que, además, contempla que se inste al Gobierno central a la aprobación, en un plazo máximo de seis meses, de un modelo aeroportuario que promueva la libre competencia entre aeropuertos y otorgue un papel fundamental a las autonomías en la toma de decisiones sobre estas infraestructuras.

La PNL también recoge que se inste al Ejecutivo balear a presentar una iniciativa frente el Comité de las Regiones para que este órgano inste a la UE y se consiga esta exclusión.

UM ha subrayado que aplicar una nueva tasa sobre los vuelos desde Alemania significa una "clara pérdida de competitividad" para Baleares en relación a cualquier otra destinación turística puesto que se incentiva la utilización de otros medios de transporte, y sitúa a las islas en una situación de "inferioridad".

Durante la misma Comisión, también han aprobado de manera unánime otra PNL por la que se instará a los Ejecutivos balear y central a iniciar la tramitación para que se traspasen las políticas activas de ocupación al Govern, después de que el País Vasco consiguiese este traspaso.

La consecuencia de todas las competencias referentes a políticas activas de ocupación permitiría a la comunidad conseguir un mayor control sobre el cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y Seguridad Social, explican los 'uemitas'.

El Grupo Mixto también remarca que este traspaso permitiría diseñar un plan específico de formación continua para afrontar la cualificación de los trabajadores dotándolos de nuevas capacidades y haría posible bonificar la contratación sobre actividades estratégicas para la comunidad, como el turismo.

UM defiende poder gestionar desde el Govern estas políticas para adaptarlas a la singularidad laboral de estacionalidad, así como a una realidad social que permita la igualdad de los trabajadores de las islas respecto a los del resto del país.