El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Antonio Clemente, ha anunciado que su partido va a presentar mociones en todos los ayuntamientos para demandar la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) "en contra del canon digital" y que se cuantifique y devuelva el dinero que se ha cobrado "de manera ilegal" por este concepto a las administraciones públicas.

Clemente se ha pronunciado de esta manera tras la reunión que ha mantenido, junto al vicesecretario general del PPCV, José Císcar, y el coordinador general del PPCV, Alberto Fabra, con alcaldes, portavoces y concejales para abordar el canon digital, tras conocer que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "lo ha declarado ilegal porque no cumple la normativa europea", según han informado fuentes 'populares'.

El responsable del PP ha asegurado que desde su partido "siempre lo habíamos dicho, pues ya en 2007 el presidente nacional Mariano Rajoy aseguró que era inaceptable pagar por ser sospechoso". También ha explicado que el canon digital ha encarecido diferentes productos tecnológicos como impresoras, copiadoras, teléfonos móviles así como soportes como CD, DVD y USB.

Clemente ha relatado que el dinero recaudado por esta medida está destinada a ocho entidades de gestión de propiedad intelectual, de las cuales "la más importante" es la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), ha remarcado, y ha apuntado que lo único que pretende este canon es "contentar a una serie de compromisos y amigos" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

"Si Zapatero tiene compromisos que los atienda personalmente pero no con el dinero de todos los españoles", ha apostillado Clemente. También ha señalado que los alcaldes y portavoces del PP van a presentar mociones en todos los ayuntamientos y ha indicado que le gustaría saber si en los municipios donde gobierna el PSPV "se van a anteponer los intereses de los ciudadanos a los intereses políticos y compromisos del presidente del Gobierno".

"Entendemos que las administraciones públicas tienen la obligación de reclamar este dinero", ha señalado el secretario general del PPCV, quien también ha pedido a los alcaldes y portavoces del PP que cuantifiquen el dinero que han pagado por el canon digital. Ha explicado que el Ministerio de Cultura "no ha querido" responder a esta cuestión, si bien ha indicado que se trata de "varias decenas de millones de euros". Los 'populares' calculan que por el canon digital se recaudan en el ámbito nacional 100 millones de euros al año.

El dirigente 'popular' ha señalado que ante la situación "complicada que atraviesan los ayuntamientos esta devolución puede ser una cantidad importante para las administraciones locales" y ha destacado que hay más de 250.000 internautas en la Comunitat que han firmado en contra de este canon.

"demanda tipo"

Por su parte, José Císcar ha explicado que los ayuntamientos deben presentar su denuncia ante el juzgado de primera instancia y ha comentado que podría existir una "demanda tipo" para todos los consistorios porque "todos piden lo mismo y por el mismo concepto", aunque por "cantidades diferentes".

Así, los ayuntamientos deberán demandar "en base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que se les devuelva el canon que los ciudadanos de su municipio han pagado indebidamente". El pago correspondería a las entidades de gestión de manera "solidaria" puesto que se basa en "pactos muy oscuros", por lo que ha afirmado que se desconocen los criterios con los que han distribuido el cobro entre ellas.

Císcar ha explicado que, según el letrado que ha llevado el proceso, existe una "posible responsabilidad subsidiaria del Estado español" en el caso de que las entidades gestoras de la propiedad intelectual, a las que los consistorios reclamarían la devolución del canon, no pudieran hacer frente a los pagos.

Así, ha indicado que esta responsabilidad subsidiaria está "más que justificada" porque el Gobierno socialista fue "quien hizo mal la normativa y no supo adaptarla a la directiva europea".