El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha atribuido el gasto de unos tres millones de euros por la visita del Papa a Galicia a que "tiene que ser recibido" como "líder religioso y jefe de Estado". "Estoy convencido de que las administraciones implicadas lo estarán haciendo desde la austeridad", ha manifestado.

En declaraciones a los medios antes de participar en la clausura del IV Encuentro de profesionales del derecho concursal, Caamaño, que recibirá a Benedicto XVI en la capital gallega el 6 de noviembre, ha resaltado que hay que tener en cuenta que "representa un liderazgo religioso" para los "muchísimos católicos y también personas que trabajan por la paz", pero también es jefe de Estado.

"Y eso tiene que ver con los gastos que se tienen que hacer, pero estoy convencido de que cada una de las administraciones implicadas lo estarán haciendo desde la austeridad", ha explicado.

En cuanto a si la visita de su santidad producirá los beneficios que estima el PP, en 17 millones, Caamaño asegura desconocer este dato, pero sí certifica que "lo cierto es que la llegada del Papa a cualquier lugar produce grandes movimientos —viajes, hoteles— que generan riqueza".

Por otro lado, el ministro de Justicia rechazó pronunciarse sobre la posibilidad de que el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, testifique en favor del líder abertzale Arnaldo Otegi en el juicio en el que se le acusa de enaltecimiento del terrorismo. "Como ya es conocido, nunca me pronuncio sobre cuestiones que están sub judice y, por lo tanto, máximo respeto por las decisiones que tomen los órganos judiciales", ha dicho.

En cuanto a la tramitación de la instrucción de la Audiencia Nacional de trasladar a Venezuela la petición de extradición del supuesto enlace de ETA en ese país, Arturo Cubillas Fontán, Caamaño ha destacado que el Gobierno "agilizó todos los trámites" para que este viernes se pudiese aprobar en el Consello. JORNADAS

Durante la clausura de las jornadas, Caamaño se ha referido al anteproyecto de Ley Concursal que elabora su departamento y que, según ha indicado, espera llevar al Consejo de Ministros "antes de que acabe este año". En este sentido, ha destacado la importancia de adaptar esta normativa a la actual coyuntura de crisis económica, ahora que ésta "empieza a despertar levemente".

Para abundar en la relevancia de esta normativa, ha indicado que en 2004, hubo 193 procesos concursales en las empresas españolas pero, en el segundo trimestre de este año, esta situación se produjo en 1.243 ocasiones. Además, ha ilustrado con el ejemplo de que sólo en una sección de la Sala 3ª del Tribunal Supremo están "paralizados" 6.000 millones de euros.