La Comisión Europea investigará si es legal que los puertos de Valencia, Barcelona y Algeciras financien al resto de autoridades portuarias españolas a través del Fondo de Compensación Interportuario, según ha anunciado hoy el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, en respuesta a una interpelación parlamentaria del eurodiputado de Convergència i Unió, Ramon Tremosa.

"La Comisión pedirá a España que proporcione información sobre la creación y funcionamiento del Fondo de Compensación Interportuario, para determinar" si estas ayudas falsean la competencia y favorecen a determinadas empresas, lo que las convertiría en incompatibles con las normas de la UE, según ha explicado Almunia.

En todo caso, el responsable de Competencia subraya que "la Comisión no ha recibido hasta ahora ninguna denuncia sobre la creación y funcionamiento del Fondo de Compensación Interportuario del organismo Puertos del Estado".

En su interpelación parlamentaria, Tremosa denunciaba que el 70% de las autoridades portuarias españolas recibirán financiación en 2010 a través del Fondo de Compensación Interportuario de Puertos del Estado procedente de los recursos generados por los grandes puertos españoles.

Puertos del Estado distribuyó 37 millones de euros entre las 28 autoridades portuarias del país. Los más beneficiados fueron los puertos canarios, Ceuta y Melilla. El puerto de Santa Cruz de Tenerife recibirá 7,1 millones de euros y el de Las Palmas 5,7 millones. El de Melilla contará con una asignación de 4,6 millones, mientras que el de Ceuta se llevará 2,6 millones de euros, según los datos del eurodiputado de CiU.

Los grandes puertos, con Barcelona a la cabeza, destinan 86 millones de sus beneficios en cinco años "para sanear las pérdidas del resto de los puertos". Barcelona, Algeciras y Valencia sufragaron el 60 % de las aportaciones entre 2005 y 2010, según los datos de Puertos del Estado.

Tremosa preguntaba a Almunia si "es razonable que con las tasas que pagan unas empresas en unos puertos se construyan infraestructuras en otras dársenas para que las disfruten compañías competidoras de las primeras" y si no piensa la Comisión que "esta gestión y financiación de algunos puertos va en contra del principio básico de competencia leal y representa una ayuda estatal que es incompatible con los Tratados de la UE".