Un Tribunal iraquí ha condenado a muerte a Tarek Aziz, ex primer ministro durante el régimen de Sadam Husein, sobre quien ya pesaban dos condenas de cárcel por su vinculación con ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzado de kurdos.

Aziz ha sido condenado a morir en la horca por el Tribunal Penal Supremo junto al antiguo ministro de Interior Saadun Shaker y el secretario personal del ex dictador Sadam Husein, por su relación con la depuración de los partidos religiosos, según la televisión iraquí Al Iraqiya.

Tarek Aziz, de 74 años, fue una de las caras más visibles del régimen iraquí de Sadam Husein, que ostentaba los cargos de presidente y primer ministro.

Antes de la ejecución de las penas capitales, el Consejo Presidencial, formado por el presidente el país y sus dos vicepresidentes, tendrá que dar su visto bueno.

Este órgano ya ha rechazado la aplicación de dos condenas a muerte, en febrero de 2008, que recibieron Husein Rachid al Tikriti, jefe de la Guardia Republicana, y Hashem Ahmed, ex ministro de Defensa, culpables del asesinato de miles de civiles kurdos.

Se trata de la tercera condena -la primera a muerte- impuesta a Aziz, que se entregó a las fuerzas estadounidenses en 2003, poco después de la invasión del país, que comenzó en marzo de ese mismo año.

El proceso en el que este martes se dictó sentencia, y en el que fueron juzgados otras 22 personas, comenzó el 16 de agosto de 2009 con el fin de delimitar las responsabilidades de los acusados en lo que se conoció como el caso de la depuración de los partidos religiosos.

Entre las medidas tomadas por el régimen de Sadam en este sentido destaca la emisión de un decreto por parte del Consejo del Mando Revolucionario iraquí, en marzo de 1980, por el cual se castigaba con la muerte la militancia en el partido Al Dawa, actualmente dirigido por el primer ministro iraquí, Nuri Al Maliki.

En virtud de dicho decreto, el 9 de abril de ese año fue ejecutado el fundador de este partido chií, Mohamed Baqr al Sadr.

El 3 de agosto de 2009, Aziz fue condenado a siete años de cárcel por su participación en el desplazamiento forzado de los kurdos del norte del país en la década de los 80.

Dicha actuación fue calificada por el juez que presidió dicho juicio, Mahmud Saleh, como un crimen contra la Humanidad.

En marzo de ese mismo año había sido condenado a otros 15 años de prisión por su vinculación en la ejecución de 42 empresarios iraquíes en 1992, que supuestamente habían acordado subir los precios tras la crisis desatada por la Guerra del Golfo.