CIG denuncia una pérdida media del poder adquisitivo "superior al 7,1%" para los empleados públicos

Censura la "suspensión unilateral" de todos los acuerdos con efectos económicos firmados entre la Xunta y los sindicatos

La Confederación Intersindical Galega (CIG) manifiesta "su total desacuerdo" con las medidas previstas en materia de personal de la Administración en el anteproyecto de la Ley de presupuestos aprobado por el Consello de la Xunta, al denunciar que suponen una pérdida media del poder adquisitivo "superior al 7,1 por ciento" para los empleados públicos.

Al respecto, critica que la norma recoja la reducción salarial "a pesar del aumento interanual de la inflación en un 2,1 por ciento". Esto, advierte, significará una rebaja de sueldos "mayor que la aplicada en la segunda mitad del 2010".

Además, CIG censura que el documento recoge la "suspensión unilateral" por parte del Gobierno autonómico de todos los acuerdos, convenios y pactos firmados con los sindicatos con efectos económicos.

En este sentido, señala que la tasa de reposición de efectivos pasa a ser del "10 por ciento como máximo", aplicándose en todos los sectores de la Administración en los que "ahora estaban excluidos". Un hecho, que según el sindicato, en la práctica representará "la desaparición de la oferta de empleo público".

Asimismo, CIG lamenta que las restricciones a los llamamientos de personal funcionario interino o laboral temporal "se reducirán aún más que en 2010", al aplicarse en "todos los ámbitos de la Administración autonómica", como la educación, la sanidad o el Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales.

El sindicato asegura que las cuentas de la Xunta para 2011 prevén la cobertura de vacantes con el "personal laboral indefinido por sentencia", en perjuicio de los trabajadores temporales y de los funcionarios interinos a través de las listas de contratación oficiales.

"contra los servicios públicos"

Por otra parte, CIG valora el anteproyecto de la Ley de presupuestos para 2011 como "un nuevo golpe contra los servicios públicos".

En este ámbito, reprueba "un ataque directo" contra los servicios y los empleados públicos "mientras se mantiene el plus para los ex altos cargos".

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