El Tribunal encargado del caso 'Ballena Blanca' continuará esta próxima semana el macrojuicio por blanqueo de capitales, que comenzó el pasado 15 de marzo, y tiene previsto comenzar el bloque relativo a los notarios acusados en esta causa, en la que se juzgan a 19 personas, entre ellas al abogado Fernando del Valle.

Esta semana, las sesiones de la vista oral serán de lunes a jueves y la Sala prevé que este bloque en concreto, en el que están acusados cinco personas, como son Del Valle, dos empleadas del bufete y dos notarios de Marbella, comience previsiblemente el martes, según informaron fuentes judiciales.

El fiscal sostiene que el letrado habría creado "una red de estructuras societarias" y "un entramado internacional de sociedades para eludir a la Hacienda española", además de que determinados clientes, algunos presuntamente relacionados con grupos criminales, "se han servido del sistema de ocultamiento de fondos".

Según las conclusiones iniciales de la Fiscalía Anticorrupción, a las que tuvo acceso Europa Press, "la constitución de estos entramados societarios, favorecedores de las operaciones de blanqueo de capitales, no hubiera sido posible sin el concurso de algunos notarios", acusando en concreto a dos.

Indica que éstos, "incumpliendo, reiteradamente, las obligaciones impuestas por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado "se prestaron a autorizar tales actos". Estos acusados son Álvaro Eugenio R. y María Amelia B.

La acusación pública considera "acreditado que el acusado Fernando del Valle concentró en dichos fedatarios públicos, con exclusión de otras notarías de la localidad, la constitución de las mercantiles españolas con participación de sociedad extranjera —en el estado de Delaware, así como radicadas en ciertos paraísos fiscales—".

Asimismo, se añade que los notarios conocían que "lo que se perseguía realmente era ocultar la identidad del verdadero titular de la inversión en España" y, "habiéndose representado la posibilidad de que en algunos casos los fondos a invertir fueran el producto de actividades delictivas, decidieron proporcionarles los mecanismos de ocultación a tal efecto".

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Del Valle de 141 delitos de falsedad de carácter continuado, de 13 de blanqueo de capitales, de tres contra la hacienda pública y de uno de falso testimonio. Para éste se estimó al inicio que la cuantía de los bienes y dinero objeto de blanqueo era de 12 millones de euros.

El ministerio público concluye que el despacho de Del Valle, ubicado en la localidad malagueña de Marbella, se especializó en dar a sus clientes, generalmente de nacionalidad extranjera, la cobertura necesaria para garantizarles el anonimato de sus inversiones en España.

El sistema consistía, según el fiscal, en crear sociedades de responsabilidad limitada en España, cuyos socios serían, de un lado, una persona jurídica extranjera, y, de otro, una persona física española. Por lo general, la persona jurídica extranjera era, a su vez, una sociedad constituida en el Estado de Delaware.