La comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz ha rechazado, con los votos en contra del PSOE-A y a favor de IU y PP, una proposición no de Ley presentada por IU en la que insta a la Junta a "anular y dejar sin efecto íntegramente" el Decreto Ley 5/2010 de medidas urgentes para la reordenación del sector público andaluz.

A la hora de argumentar su negativa a votar a favor de dicha proposición no de Ley, el diputado socialista José Caballos aseguró que este decreto ley "no elimina el sector público ni lo debilita, sino que pretende hacerlo más austero y más funcional y hacerlo más útil para desempeñar el mismo papel".

"El decreto está bien orientado en la lucha contra la crisis", asevera Caballos, quien reiteró que dicha norma "ni vulnera los derechos de nadie, ni privatiza ni se hace para quitar su papel a la empresa pública y dárselo al sector privado, como demagógicamente dicen algunos", ha asegurado el diputado socialista, quien lamentó que "algunos demonizan, desacreditan y difaman a las empresas públicas, cuando generan segmentos de negocio para el sector privado".

Asimismo, dejó claro que el decreto ley "no quiere eliminar ni reducir el papel del sector público andaluz, que apenas supera los 400 millones de euros de deuda, cuando hay otras comunidades con mucha más deuda y con mucha menos población".

Caballos aseguró que los convenios laborales "van a ser respetados" y aunque reconoció que "puede haber 'incidentes de recorrido' en el proceso de ajuste", se mostró contundente al asegurar que esta reordenación "se va a hacer mediante el diálogo y la negociación con los legítimos representantes de los funcionarios y laborales".

"Si nos equivocamos o no, el tiempo lo dirá", apunta Caballos, quien, tras reconocer que este proceso es "complicado", indica que el PSOE "prefiere arriesgar y tomar decisiones para dar mayores y mejores respuestas a la situación de crisis".

Por su parte el diputado popular Salvador Fuentes consideró este decreto ley como "una cacicada más" y una "chapuza legal, de consecuencias muy importantes".

Recordó el recurso anunciado por el PP ante el Tribunal Constitucional y consideró esta reordenación como "una improvisación más", toda vez que "la Junta no sabe ni siquiera el número de trabajadores que tienen los entes instrumentales".

Por su parte, el diputado de IULV-CA Pedro Vaquero —grupo proponente— consideró que este decreto ley "es un elemento de conflictividad que ha derivado en judicializaciones y protestas de trabajadores y sindicatos" y aporta "mucha inseguridad jurídica".

Tras recordar que "existen más de 200 entes", consideró que esta reforma es "caprichosa y escurridiza" y, a su juicio, "se ha efectuado con alevosía, al ser una medida de calado que afecta sustancialmente a los actuales empleados públicos actuales y de futuro", y donde "no se ha dado participación a los sindicatos".

"Se ha metido la pata y lo que deben hacer es sacarla", aseveró Vaquero, quien mostró su temor de que "la Junta pueda salir en esta reforma por peteneras" y lamentó "no haya homologación al alza sino a la baja, manteniéndose las desigualdades".