Dolores Vázquez reclama al Estado 4 millones de euros por los daños morales causados por la Justicia

Dolores Vázquez reclama al Estado 4 millones de euros por los daños morales causados por la Justicia

Dolores Vazquez
Dolores Vázquez pide ser indemnizada (Efe)
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Dolores Vázquez, que estuvo en prisión 17 meses por la muerte de la joven de Mijas (Málaga), Rocío Wanninkhof -hechos por los que ahora sólo está acusado el británico Tony Alexander King- ha presentado una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia por la que pide cuatro millones de euros por funcionamiento anormal de la administración de justicia.

Entre los parámetros que se han tenido en cuenta para presentar esta reclamación se encuentra el tiempo que Dolores Vázquez estuvo en prisión y los daños morales sufridos, extremo este último que se argumenta con un informe psicológico de ella.

Además, se habla del "desprestigio" causado en la imagen de la afectada, punto en el que se adjuntan recortes de prensa para demostrar la repercusión mediática. Se incluye también la "evitabilidad del daño", haciéndose referencia a las bases de datos policiales y al supuesto conocimiento que tenía la Policía española por parte de la británica de que el actual imputado tenía antecedentes penales en su país.
El documento se fundamenta en los artículos 292 y 294 de la LOPJ
El documento, presentado la semana pasada ante la Subdelegación del Gobierno, se fundamenta en los artículos 292 y 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula el derecho de los afectados a solicitar indemnización con cargo del Estado por los daños causados en caso de error judicial o "los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia", como es este supuesto.

Así, el artículo 294 contempla que tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, tengan dictado un auto de sobreseimiento libre. A este respecto, se aporta jurisprudencia, entre otras las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1990 y del 29 de mayo de 1999, en las que se aplica esta circunstancia a sobreseimientos provisionales, como es el caso de Dolores Vázquez.

Recoge, también, el documento un relato de lo ocurrido desde que la afectada fue detenida, el 7 de septiembre de 2000, casi un año después de la desaparición de Rocío Wanninkhof, cuyo cadáver fue encontrado en noviembre de 1999; y se incluye su ingresó en la cárcel de Alhaurín de la Torre, tras la orden de prisión incondicional decretada por el entonces titular del juzgado, Román Martín González.

El jurado declaró a Vázquez culpable de asesinato y condenada a 15 años y un día de prisión
Dolores Vázquez fue juzgada en septiembre de 2001 por un jurado popular, en un proceso en el que la Fiscalía le imputó un delito de homicidio y solicitó en sus conclusiones provisionales un total de 14 años de cárcel, que elevó a 15 al finalizar el juicio. El jurado la declaró culpable de asesinato y, finalmente, el magistrado-presidente del Tribunal la condenó a 15 años y un día de prisión.

Ya en febrero de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó repetir el juicio al considerar que se produjo un quebrantamiento de las garantías procesales por la falta de motivación, tanto del veredicto del jurado como de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga. Esta sentencia sería después ratificada por el Supremo.

Vázquez quedó en libertad en febrero de 2002. Posteriormente, y a poco tiempo de la celebración del nuevo juicio, se conoció la coincidencia de ADN en los casos de Mijas y de la muerte de la joven de Coín Sonia Carabantes, deteniéndose luego al presunto autor de ambas muertes, el británico Tony Alexander King, único acusado ahora en el asesinato de Rocío, después de que la Audiencia Provincial de Málaga confirmara el sobreseimiento provisional de la causa contra Dolores Vázquez.

Según la ley, en estos casos es el interesado el que dirigirá su petición indemnizatoria directamente al Ministerio de Justicia, tramitándose la misma según las normas de la responsabilidad patrimonial del Estado. Contra la resolución que se dicte cabrá recurso contencioso-administrativo.

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