El Supremo revisará el caso de un hombre que lleva en coma 21 años tras operarse

El Tribunal Supremo revisará el próximo 3 de noviembre el caso de un hombre que lleva 21 años en coma, tras someterse a una intervención de cirugía estética y cuyas demandas, presentadas por sus padres, por negligencia médica contra la Clínica de Madrid, donde se operó, y el anestesista que le atendió habían sido rechazadas.  En contra de lo que se creía, el paciente no entró en coma al vomitar después de que lo desentubasen

La sala de lo civil del TS acordó el pasado junio admitir a trámite la demanda de revisión presentada por los padres de Antonio Meño Ortega, siguiendo así el criterio de la Fiscalía. Así, el TS ha citado a las partes a una vista el 3 de noviembre a las 10.30 horas.

La Fiscalía informó a favor de la revisión del caso después de que la familia de Meño aportara la declaración jurada de un nuevo testigo, un médico que estuvo presente en la operación, que tuvo lugar en 1989, y que asegura que, en contra de lo que se creía hasta ahora, el paciente no entró en coma al vomitar después de que lo desentubasen.

Ese testigo señaló que durante la operación observó que se producía una alteración del ritmo cardiaco, por lo que se avisó al anestesista, que en ese momento estaba en otro quirófano. Cuando llegó, el anestesista -siempre según el testimonio del médico- comprobó que el tubo a través del que respiraba Meño se había desconectado.

Vía penal agotada

Hasta ahora, y después de agotar la vía penal y recurrir a la civil, tanto el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid como posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid -en 2000- y el propio Supremo -en 2008- habían rechazado las demandas de la familia y declarado que no existió negligencia médica. Una sentencia condenó a la familia a pagar 400.000 euros por costes del procedimiento civil

El paciente, que cuando se sometió a la intervención -una rinoplastia- tenía 21 años y estudiaba Derecho, está en coma vegetativo desde entonces, y desde hace más de un año permanece en una tienda de campaña junto a su familia en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid, frente a una de las sedes del Ministerio de Justicia.

Ahora el Tribunal Supremo revisará la sentencia que condenó a la familia de Meño a pagar 400.000 euros por el coste del procedimiento.