Al juicio, que se prolongará durante tres días, acuden numerosos afectados de los más de 260 que han presentado la demanda civil, 61 familias con una defensa común que reclaman a la compañía aérea ucraniana Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air) y a la contratista inglesa del vuelo Chapman Freeborn, y una por separado, que además demanda a la reaseguradora ucraniana Busin Joint-Stock Insurance.

Por tanto, este juicio es diverso al que se sigue en la Audiencia nacional contra responsables ministeriales.

Daños morales y económicos

Según explicó el abogado que coordina a los nueve letrados de las 61 familias, Javier Hernández, los afectados reclaman por el daño moral (el del impacto inmediato del accidente), de afección (por la pérdida de un ser querido), económico (en el que se evalúan las percepciones económicas a lo largo de la vida profesional de los fallecidos) y material y jurídicamente la demanda se fundamenta en el convenio de Varsovia, que regula el transporte aéreo.

Este convenio establece las limitaciones de indemnización en caso de accidente aéreo en 130.000 euros, salvo que se den determinados supuestos, entre ellos que se pruebe la culpa del piloto y que los pasajeros carezcan de billete, como sucede en este siniestro, según Hernández.

El del Yak, agregó, era un vuelo internacional como cualquier otro y existe una responsabilidad objetiva del transportista, en este caso doble, de hecho y contractual.

Prueba sobre los pilotos 

La demanda se basa además en un informe pericial del experto aeronáutico Orlando Jiménez, quien examinó la caja negra y analizó la última media hora de vuelo del avión y llegó a la conclusión de que los pilotos, por fatiga y por exceso de horas de vuelo, con más de 22 horas de servicio, perdieron la "conciencia situacional", de forma que no sabían dónde estaban cuando realizaron determinadas maniobras.

Indicó que el informe de la comisión turca de investigación también culpa del suceso a los pilotos y alude a la fatiga y a su "falta de formación adecuada".

Este perito aeronáutico declarará en la sesión prevista el miércoles, por la defensa, que también ha llamado a siete testigos, entre ellos al general de división Juan Luis Ibarreta, para que corrobore que los militares viajaban sin billete.

Conversaciones con la torre de control 

La defensa había pedido que se escuchasen durante el juicio las conversaciones entre la Torre de Control de Trebisonda (Turquía) y el piloto, pero el juez lo desestimó, aunque se leerán las transcripciones si alguna de las partes lo solicita.

El magistrado Angel Dolado, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza, será el encargado de esta primera demanda por responsabilidad civil derivad del accidente del Yak-42 en el que fallecieron 62 militares españoles cuando regresaban de cumplir una misión en Afganistán.

Además de la demanda civil están abiertos otros dos procesos en Turquía y tres en la Audiencia Nacional sobre la responsabilidad penal de los funcionarios españoles en la contratación de los aviones, la de los militares y funcionarios que identificaron erróneamente los cadáveres y la patrimonial del Ministerio de Defensa.