«Nos aburrimos de condenar», resumen gráficamente fuentes judiciales. Con todo, las denuncias son sólo la punta del iceberg, apunta Jordi Abel Fabre, del Col·legi d’Advocats.

La Sección 19 de la Audiencia de Barcelona sabe mucho de estas cuestiones ya que se ha especializado en resolver los litigios. Su presidente, el magistrado Miguel Julián Collado, comenta que a través de las sentencias se perfila una especie de protocolo de actuación «para evitar abusos» ante el vacío legal.

Expectativas frustradas

Los magistrados resuelven a favor de los compradores o vendedores particulares que han visto truncadas sus expectativas en la operación en la que lidian con empresas profesionales.

Es el caso de una pareja de L’Hospitalet a quien la inmobiliaria no le comunicó las cargas sobre la finca alegando que los registros de la propiedad son «públicos» y, por tanto, los compradores lo tenían fácil para comprobar datos.

También se castigan las chapuzas, lo que jurídicamente se califica como vicios ocultos o de la construcción. En estos casos, se obliga a las empresas inmobiliarias a asumir el coste de las reparaciones de desperfectos. No puede ser, argumentan los jueces, que se entreguen pisos con humedades, grietas o grifos sin funcionar a precio de oro. Tanto desembolso de dinero –argumenta el tribunal– «exige una responsabilidad» de la empresa que media.

Demoras en las entregas del piso

El manual del buen comprador recomienda mucha paciencia para estrenar un piso. Como cuando la vivienda debe entregarse en junio (es un ejemplo), pasan los meses y no se está seguro de comer los turrones en la nueva adquisición. Hasta hace poco era difícil que se castigaran estos retrasos, indica el letrado Jordi Abel Fabre, especialista en derecho urbanístico, pero ahora se observa una «sensibilidad de los jueces» en condenar incumplimientos de contratos aunque sea «de la letra pequeña». «Todo es contrato», afirma.