Los ayuntamientos españoles están endureciendo sus ordenanzas para erradicar la prostitución de sus calles. Para ello han optado por sancionar a prostitutas y clientes con multas económicas. El último municipio que se suma a la tendencia es el de Alcalá de Henares (Madrid) gobernado por el PP.

El Ayuntamiento empezará a multar tanto a clientes como a meretrices que estén a menos de 200 metros de zonas residenciales o de actividad económica.

La normativa, aprobada hace unas semanas por el Consistorio, comenzará a aplicarse a partir de mediados de octubre, poco después de que salga en el Boletín Oficial de la Comunidad, según fuentes del Gobierno local.

Si no cesan, amonestación

La nueva normativa intentará además erradicar la mendicidad con sanciones que, según el Gobierno Local, buscan evitar el acoso a los viandantes y la explotación de menores.

Para llevar a cabo esta ordenanza, la Policía Local de la ciudad recibirá un curso para la correcta aplicación de la orden. En el texto se establece la potestad de los agentes municipales para persuadir a prostitutas y clientes de que abandonen sus negociaciones o prácticas, ya sea en la calle o dentro de algún vehículo, siempre y cuando se encuentren a menos de 200 metros de casas, oficinas o polígonos industriales.

Si a pesar de las indicaciones de los agentes se mantiene la actividad, los clientes y las prostitutas podrán ser sancionados con multas que van desde los 300 euros a los 1.500 euros. Además, a las chicas se les ofrecerá la posibilidad de acogerse a planes sociales para que abandonen el ejercicio de la prostitución.

Otras ciudades

Alcalá sigue la senda abierta por otras ciudades como Barcelona –la pionera–, Granada, Sevilla, Alicante y Bilbao, que también castigan tanto a clientes como a prostitutas.

Pese a los intentos de erradicar la prostitución, ninguna comunidad logra desprenderse de las mafias. Precisamente, a finales de agosto se desarticulaba, por primera vez en España, una organización dedicada a la explotación sexual de hombres. En la operación se detuvieron a catorce personas en Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona, Alicante y León. La banda captaba a sus víctimas en Brasil y les facilitaba el equipaje y el billete de avión que era comprado a través de tarjetas de crédito clonadas.

Las víctimas llegaban a España engañadas. En un principio les informaban de que sólo harían frente al coste del billete, aunque, más tarde, les exigían cantidades que en torno a los 4.000 euros. Una vez en España, la organización se servía de amenazas de muerte para mantener el control sobre los hombres que no aceptaban las condiciones impuestas.

Negocio familiar

Eran una familia y su negocio, la explotación sexual. Se dedicaban a prostituir a inmigrantes ilegales en Asturias. Pero finalmente, la Policía Nacional les ha echado el guante: ha habido 18 detenciones. Todos ellos españoles.

La operación 'Chanda', que es como se ha bautizado, se ha desarrollado simultáneamente en varias localidades asturianas tras una intensa investigación que ha incluido el complejo entramado empresarial que daba amparo a sus actividades ilegales y a través del cual lograban también defraudar a la Seguridad Social.