Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 comienzan su andadura parlamentaria.

Elena Salgado, vicepresidenta segunda del Gobierno, ha hecho entrega del proyecto -guardado en el consabido pen drive- al presidente José Bono con la relativa -aunque tensa- tranquilidad que supuso el reciente principio acuerdo con el PNV, grupo con el que pactó a cambio la trasferencia a Euskadi de las competencias en materia de políticas de empleo. En este breve acto, Bono ironizó ante los periodistas al decir que los presupuestos "cada vez vienen en un soporte más pequeño pero cada año son más importantes".

Un proyecto "realista"

Tras la entrega, la ministra ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha reiterado la condición de "austeridad" de los PGE. "Hemos dejado atrás dos años de recesión, estamos recuperando la confianza en la economía española y para ello ha sido necesaria la adopción de medidas duras", ha explicado, añadiendo que estos presupuestos ayudarán a la recuperación del país. Según Salgado, el proyecto es "realista" y se basa en una estimación prudente sobre la evolución, "conservadora", de los ingresos públicos.

En las políticas de gastos, "los presupuestos manetienen prioridades en materia de mejora de la competitividad, el gasto en I+D se ajusta de manera mínima y la inversión se completará con un plan público-privado", ha añadido. Por otro lado, los recursos para la red de protección social, se mantienen y el baremo no es un crecimiento del gasto: "vamos a gastar menos, pero vamos a reducir el gasto de manera muy selectiva".

Salgado ha explicado que estos PGE quieren "eliminar los sesgos" en la política de impuestos en el sector inmobiliario y que el Estado va a hacer un gran esfuerzo en cuanto a los ajustes, mucho mayor que el que van a llevar a cabo las administraciones territoriales. "Habrá austeridad, habrá más reformas y se mantiene el objetivo de esfuerzo de reducción del déficit", ha dicho la ministra, que ha asegurado que vamos "por el buen camino, más allá de una obligación formal o internacional". Según las previsiones del Gobierno, la deuda pública se mantiene.

Cambios en política fiscal

Salgado ha desglosado también las modificaciones en política fiscal, algunas de las cuales ya las había avanzado la semana pasada, como las ayudas  a entidades de negocio de pequeña dimensión o las ayudas a la vivienda.

La vicepresidenta anunció que la medida para evitar que se posponga la tributación de los accionistas de las sociedades de inversión colectiva (SICAV) será válida a partir del 24 de septiembre y ha insistido en que los PGE son "restrictivos" porque, entre otras cosas, "el gasto del Estado se reduce un 7,9% y se congelan las retribuciones"; por lo tanto, el gasto disponible para los ministerios se queda en 62.249 millones de euros (hay una disminución del 15,6% y se quedan con el presupuesto que tenían, aproximadamente, en 2006).

Por otro lado, Salgado ha explicado que el fondo de contingencia ha disminuido de forma "importante", así como las inversiones reales; también lo hacen los activos financieros -aunque no contribuyen al déficit-. En cuanto al gasto social, es el "porcentaje más alto de los presupuestos de todos estos años": las pensiones "crecen", la atención a los desempleados "disminuye ligeramente" y el fondo de reserva de la Seguridad Social aumenta. Salgado ha insistido en que estos PGE tienen un carácter "social".

En cuanto a la asignación que recibe anualmente la Casa del Rey, la vicepresidenta ha anunciado que va a disminuir el próximo año, por primera vez en la historia, al pasar de los 8,90 millones de euros del actual ejercicio a 8,43 millones de euros, lo que supone una rebaja del 5,2 %. La Constitución establece que el Jefe del Estado dispone anualmente de "una cantidad global para sostenimiento de su familia y de su casa, y distribuye libremente la misma".

Trámite parlamentario

El debate de la totalidad previsto los próximos 19 y 20 de octubre se prevé muy duro. La crisis, la huelga general y el descontento del resto de partidos complicarán hasta el último momento la aprobación de unos PGE que buscan, en líneas generales, reducir el déficit, subir las pensiones mínimas y reformar la fiscalidad.

El Partido Popular ha empezado ya a preparar sus enmiendas con Cristóbal Montoro a la cabeza; el Ejecutivo espera contar, al menos, con el apoyo de los nacionalistas vascos y de Coalición Canaria. CiU ya ha anunciado que los rechazará. Entre el 5 y el 7 de octubre los responsables de los diferentes departamentos ministeriales comparecerán en comisión para explicar las partidas que les han correspondido y su distribución.

Tras el debate, a comienzos de noviembre, entre el 2 y el 4, se celebrará en la Comisión de Presupuestos el debate y la votación de las enmiendas parciales para elaborar el dictamen que será elevado al pleno entre el 10 y el 11. Después se remitirá el texto al Senado, y si esta Cámara no introduce enmiendas ni veta el proyecto los presupuestos quedará definitivamente aprobado, aunque lo previsible es que el texto tenga que volver al Congreso. La Cámara Baja, encargada de ratificar o rechazar las enmiendas de los senadores y, en su caso, de levantar el veto, aprobará definitivamente los Presupuestos entre el 21 y el 23 de diciembre.