El Tribunal Constitucional (TC) avala la regulación que el Estatut hace del Archivo de la Corona de Aragón, al considerar que la integración de sus fondos y los del Archivo Real de Barcelona en el sistema de archivos de Catalunya "no supone alteración del régimen unitario de éstos", por lo que no vulnera competencias estatales ni de otras autonomías como Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares.

Así consta en las tres sentencias dictadas por el Constitucional para dar respuesta a los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Generalitat Valenciana y los gobiernos de Aragón y Baleares contra la norma estatutaria catalana, que este jueves se han hecho públicos en su integridad.

Los ejecutivos de estas tres comunidades autónomas recurrieron la Disposición Adicional Decimotercera del Estatut, al considerar que la nueva redistribución de fondos impulsada por la Generalitat llevaba aparejada "la afirmación de la competencia exclusiva de Catalunya" sobre ellos, lo que, a su juicio, podía afectar al funcionamiento del patronato creado para gestionar la totalidad del archivo.

El Constitucional, sin embargo, ya sostuvo en su sentencia dictada el 28 de junio para dar contestación al recurso presentado por el PP que la regulación contemplada en el Estatut "no puede significar la desaparición de la titularidad y libre disposición estatal de esos fondos" sino que "se limita a introducir una calificación que sólo puede añadir sobreprotección" a los archivos.

En las tres nuevas resoluciones, cuyo fallo se adelantó el pasado 9 de septiembre, se añade que si la competencia estatal sobre el Archivo de la Corona de Aragón no resulta "desconocida ni invadida" por la disposición impugnada, "en nada se habrían visto afectadas" las que puedan contemplar a este respecto otros estatutos de autonomía.

Fragmentación del archivo

Contra ambas sentencias ha presentado voto particular el magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, que alerta de que la regulación que hace el Estatut de Catalunya del Archivo de la Corona de Aragón llega a limitar las competencias del Estado y afecta además a lo dispuesto en las normas estatutarias de las dos comunidades recurrentes.

Rodríguez Zapata recuerda que el Archivo de la Corona de Aragón está considerado como uno de los más importantes del mundo, "sólo superado en dimensión e interés histórico por los archivos vaticanos".

Aunque corresponde a la Corona de Aragón, a la que Rodríguez-Zapata se refiere como "reino histórico esencial en el proceso de formación de España", los fondos de este archivo también afectan a territorios integrados hoy en otros estados, como es el Rosellón, la Cerdaña, el Conflent y el Vallespir, Marta Córdega, Cerdeña o Sicilia, por lo que no interésa sólo la parte española, ha recordado.

Por ello, el magistrado discrepante considera que el Estatut debió haberse limitado, como sumo, a crear un patronato bajo la tutela del Estado con la participación preeminente de la Generalitat. "Desbordado este contenido, la disposición estatutaria recurrida incurre en un claro vicio competencial", afirma en su voto particular.

La disposición adicional número 13 del Estatut, según insiste Rodríguez-Zapata, "contiene una regulacion legislativa sobre el Archivo de la Corona de Aragón que condiciona e innova su régimen legal, pese a la titularidad estatal del mismo, y limita las competencias del Estado".

Sentencia "oculta"

Se trata de un ejemplo, según recuerda el magistrado, de la existencia de una "sentencia oculta" de la que ya advirtió con ocasión de su voto particular por el recurso presentado por el PP contra el Estatut. El criterio de la mayoría de los magistrados del TC, a su juicio, "manipula innumerables preceptos esenciales del Estatut y los aproxima al sentido conforme a la Constitución", sin declararlos tampoco interpretables, con un ejercicio "desproporcionado de legislación positiva".

Ha añadido que, además, que el precepto afecta también a las disposiciones adicionales primeras tanto del Estatuto de Autonomía de Aragón como del Estatuto balear, en los que se establece que una norma estatal regule la participación de estas comunidades autónomas en la gestión del Archivo de la Corona de Aragón.