El Gobierno destituye al general Mena por sus declaraciones contra el Estatut

El Consejo de Ministros ha oficializado la destitución del teniente general José Mena a consecuencia de sus declaraciones de la pasada semana durante la celebración de la Pascua Militar, en las que sugirió la intervención del Ejército si se aprobaba un Estatut que contraviniera la Constitución. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, informó que el nuevo jefe de la Fuerza Terrestre es el teniente general Pedro Pitarch Bartolomé, hasta ahora director general de Política de Defensa.
Mena tras la reunión con el Ministro Bono el pasado enero (Efe).
Mena tras la reunión con el Ministro Bono el pasado enero (Efe).
Efe
Mena tras la reunión con el Ministro Bono el pasado enero (Efe).

Mena alertó el sábado pasado "de las graves consecuencias que tanto para las fuerzas armadas como institución como para las personas que las integran podría conllevar la aprobación del Estatuto de Cataluña en los términos que está planteado".

El ministro de Defensa, José Bono, ordenó entonces  el arresto domiciliario de ocho días de Mena en aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y anunció que llevaría al Consejo de Ministros, a propuesta del JEMAD, su cese como Jefe de la Fuerza Terrestre.

Estatuto de los emigrantes

El Consejo de Ministros también aprobó el proyecto de ley sobre el Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Exterior, que pretende, según el Gobierno, que el millón y medio de españoles que viven fuera de España tengan los mismos derechos y deberes constitucionales que los residentes en el país.

El proyecto prevé la creación de la Oficina Española del Retorno y la opción de votar en las elecciones no sólo por correo, sino en consulados y otras dependencias.

Lengua de signos

El Consejo ha aprobado el proyecto de ley que reconoce legalmente la lengua de signos y garantiza el derecho de las personas sordas y con discapacidad auditiva a contar con intérpretes en las relaciones con las administraciones y en numerosos servicios, como escuelas y hospitales.

Otro proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo es el que regula el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades para personas con algún tipo de discapacidad.

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