Aministía Internacional denuncia la falta de implicación del Gobierno en la regulación del acceso de los menores a los videojuegos

Es la conclusión que se desprende del informe 'España: Menores y derechos humanos, responsabilidades en juego', presentado hoy en Barcelona por el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, y con la participación del profesor de comunicación de la Universitat Ramon Llull (URL), Josep Sort.

Tal como explicó Beltrán, "los canales y los puntos de venta en España no disponen de medidas para controlar el acceso de menores a los videojuegos ya que no hay ninguna ley que regule los puntos de venta de videojuegos, a diferencia de países como Alemania", argumentó.

En el informe, el quinto que presenta Amnistía Internacional en materia de videojuegos, se detallan dos métodos de regulación que, según la investigación, se incumplen en España. El primero de ellos es el código de autorregulación llamado PEGI (Sistema Panaeuropeo de Información sobre Juegos), que se impone voluntariamente la industria del videojuego.

El segundo método es la legislación autonómica en materia de protección del menor. Según Amnistía Internacional, ninguno de los dos sistemas garantiza el cumplimiento de la responsabilidad de proteger a los menores que el Gobierno español adquirió con la firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados internacionales.

Para Beltrán, "el Estado no se ha implicado en la regulación del acceso de menores a videojuegos donde se violan los derechos humanos" y denunció "la clasificación poco rigurosa, voluntaria, confusa y sin garantías reales para que los menores no accedan a contenidos que pueden perjudicarlos".

Creación de un marco legislativo

El informe concluye con la necesidad de "la creación de un marco legislativo estatal para la regulación de todo lo que se refiere a la producción, distribución, venta, publicidad y promoción de los videojuegos, entendidos como producto de mercado".

Por otro, Beltrán recordó que "actualmente no existen mecanismos de denuncia para retirar videojuegos del mercado". Asimismo, durante la presentación se destacó la necesidad de un etiquetaje adecuado con las franjas de edad que corresponden al videojuego, así como de la problemática creciente de la falta de regulación en las compras o descargas de videojuegos que los menores realizan en Internet y los videojuegos para telefonía móvil.

 Beltrán recordó que en España "cerca de siete millones de personas son usuarios habituales de videojuegos y que se trata de un mercado que el pasado año facturó 790 millones de euros, por delante de la industria del cine o de la música".

Uso partidista de los videojuegos

Por su parte, el profesor de comunicación de la URL, Josep Sort, explicó el "uso partidista de los videojuegos después del 11-S, sobretodo en las políticas de la llamada guerra contra el terror que lleva a cabo la Casa Blanca".

Según Sort, también existen videojuegos "que se usan para reclutar a jóvenes en el ejército" y argumentó que después de diversos estudios realizados, había podido constatar que "la industria de armamento se adapta cada vez más a los videojuegos".

Como ejemplo puso un aparato teledirigido de inspección del terreno que usa el ejército norteamericano y que tiene un mando similar al de las videoconsolas. Por otro lado, el profesor de comunicación destacó que algunos videojuegos "tienen contenidos de islamofobia, como por ejemplo el hecho de que el enemigo se esconda siempre en mezquitas, de forma que se las reconoce como elemento peligroso".