El juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, que investiga presuntas irregularidades en la gestión del Puerto, ha solicitado a peritos que cuantifiquen las cantidades económicas que entregó la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a su presidente, Rafael Aznar, como consecuencia de la indemnización por vivienda, así como las derivadas al Palau de les Arts en concepto de entradas y subvenciones.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, dictada por el juez que investiga presuntos delitos de malversación y prevaricación en el Puerto, en una causa en la que están imputados Aznar, otros dos directivos, un técnico contable y un abogado del Estado.

En dicha resolución, el juez requiere a los peritos, tras solicitarlo el fiscal, que cuantifiquen las cantidades cobradas por Aznar como consecuencia de la indemnización por vivienda desde que fue nombrado presidente de la APV.

Sobre este asunto, el magistrado también ordena remitir a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas testimonio del Informe de Cumplimiento y Auditoría de la IGAE correspondiente al año 2011 respecto a la creación de un Fondo de 11.620 euros por la indemnización de vivienda que ha recibido Aznar, "fondo que se crea tras la resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda que declara improcedente dicha indemnización sin que se haya producido reintegro alguno de dicha cantidad".

Así mismo, solicita a los peritos que determinen las cantidades entregadas por la autoridad portuaria al Palau de les Arts de Valencia en concepto de subvenciones y de compra de entradas. Precisamente sobre este asunto también se le preguntó a Aznar cuando prestó declaración como imputado el pasado mes de diciembre, y aseguró que esta actuación obedecía a un tema de promoción institucional y dijo que las entradas se regalaban a invitados y a empresas.

Por otro lado, el juez requiere a los peritos que determinen y cuantifiquen el quebranto económico sufrido por la APV como consecuencia de la creación del Fondo Social para los trabajadores —altos cargos— excluidos del Convenio desde el año 2004 hasta su desaparición como consecuencia del Informe de la Intervención General del Estado (IAGE). También pregunta a Puertos del Estado si tenía conocimiento de la creación de dicho Fondo Social.

Estos peritos tendrán así mismo que informar sobre las cantidades percibidas por el secretario del Consejo de Administración y abogado del Estado al margen del Convenio suscrito con la Abogacía del Estado por la APV. El juez les solicita que cuantifiquen las cantidades percibidas.

Por otra parte, el magistrado instructor pide a la empresa MSC que indique a la persona o personas que intervinieron en la recepción del dinero entregado por la APV para la demolición del denominado Tacón Ro-Ro e, igualmente, que designen las personas que participaron en el proceso de contratación para poderles tomar posteriormente declaración en calidad de testigos.

Sobre este asunto, Aznar indicó al juez que la adjudicación de la obra —sin seguir los criterios públicos de contratación— fue aprobada por el Consejo de Administración, y que se antepuso e interés económico a una formalidad. Indicó que el Puerto tenía previsto desde hacía años quitar este tacón para ponerlo en otro sitio porque le interesaba más, ya aprovechó unas obras de MSC para adjudicárselo.

El juez también solicita a la empresa CISA Cartera de Inmuebles S.L. que identifique a la persona representante de la misma para poderle tomar declaración. Esta entidad se quedó con la promoción del edificio donde actualmente vive Rafael Aznar.

DECLARACIONES

Aznar basó su declaración ante el juez el pasado mes de diciembre en que todas sus actuaciones pasaban los filtros del Consejo de Administración de la APV, donde había dos abogados del Estado conocedores de leyes; Puertos del Estado —dependiente del Ministerio de Fomento—; y el Tribunal de Cuentas. También insistió en que todo lo que había hecho estaba justificado y aprobado por sus jefes de Madrid.

Por su parte, los dos directivos de la APV y el técnico del departamento económico-financiero del organismo imputados en la causa defendieron que no sabían que cobrar dos sueldos públicos —de la APV y de Valencia Plataforma Intermodal Logística S.A. (VPI)— fuera ilegal o incompatible, al tiempo que indicaron que aceptaron esta situación a propuesta del secretario general del Consejo de Administración de estas entidades.