Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el presidente de la Diputación de Castellón

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se le imponga una pena de 15 años de cárcel y una multa de 2,3 millones de euros al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública.

Fabra tuvo ingresos que fueron ocultados a la Hacienda Pública Así consta en el escrito de calificación que el fiscal ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules, que instruye la denuncia presentada por el empresario Vicente Vilar, que acusó a Fabra de cobrarle por hacer gestiones ante el Ministerio de Sanidad y Agricultura para conseguir agilizar las autorizaciones de fabricación de fitosanitarios.

El fiscal pide también cuatro años de cárcel para Vilar y su ex mujer, Montserrat Vives, y ocho para la mujer de Carlos Fabra, María Amparo Fernández Blanes, por fraude fiscal.

En su escrito presentado ante el Juzgado de Nules, el fiscal señala que tanto Fabra como Fernández, durante el periodo de 1999 a 2004, "tuvieron ingresos que fueron ocultados a la Hacienda Pública, los cuales no se corresponden ni con el dinero ni con el patrimonio por ellos declarados".

Cinco años más

Ya el pasado día 13, la acusación popular, representada por la Unión de Consumidores de España (UCE) pidió 20 años y tres meses de prisión y 18 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para el presidente de la Diputación castellonense.

Según varios medios, Fabra habría cobrado 841.000 euros por asesorar a siete empresas mientras ejercía su cargo a través de la empresa Camarcas S. L. entre 2000 y 2004.

La empresa Carmarcas ya tenía antecedentes sospechosos y estaba bajo investigación.