Los vecinos del edificio ubicado en la calle Gran Vía 25 de Logroño, afectado por una explosión de gas el pasado 22 de mayo, manifiestan en un comunicado de prensa, diferentes consideraciones a raíz del suceso.

De esta manera, indican que "los trabajos desarrollados por la policía científica a instancias del juez han obligado a ralentizar la labor de derribo con el elevado incremento de los costes económicos" por lo que "los vecinos quieren manifestar su disconformidad por tener que asumir esta sobrecarga económica".

En otro sentido indican que, la valoración de la ejecución subsidiaria facilitada por la dirección general de arquitectura y rehabilitación "no incluye un desglose donde se especifiquen con detenimiento las partidas incluidas en el presupuesto", por lo que los vecinos "manifiestan su disconformidad por tener que asumir un coste que no se especifica suficientemente".

Finalmente, también quieren mostrar "su preocupación por la tardanza en la respuesta, a día de hoy, de la compañía aseguradora del edificio, Allianz".

Además, concluyen con un seguimiento de los hechos, donde destacan que el pasado 24 de mayo, el Ayuntamiento de Logroño comunicó a los vecinos del inmueble siniestrado la declaración de ruina inminente del edificio. "A raíz de esta decisión, los vecinos y el Ayuntamiento llegan a un acuerdo para que el propio Consistorio acometa la demolición y pase después la factura del importe del derribo a los vecinos".

De esta manera, el 1 de junio, una resolución de Alcaldía manifiesta la emergencia de las obras de derribo y la contratación de las mismas por el sistema de ejecución subsidiaria a la empresa

Ute sustitutoria. Asimismo, establece una valoración aproximada de la ejecución subsidiaria, firmada el 2 de julio por Rafael Alcoceba, arquitecto director general de Arquitectura y Rehabilitación del Ayuntamiento de Logroño, que asciende a 656.000 euros, "de cuyo conocimiento se tiene lugar por la prensa aunque posteriormente se les trasladó a los vecinos".

Así, el 12 de julio, en una nueva reunión celebrada entre los vecinos y Alcaldía, el Ayuntamiento comunica a los afectados que próximamente, en el mes de agosto, se les enviará a los vecinos una factura de 300.000 euros, aproximadamente, para abonar la mitad del importe de los costes de derribo, comenzados el mismo 22 de mayo a las 7.30 de la mañana.

Finalmente, el 14 de julio, el portavoz del Gobierno municipal de Logroño, Vicente Urquía, en una rueda informativa, comunica que el día anterior (13 de julio) la Policía Científica ha abandonado el edificio, donde ha trabajado, desde el pasado día seis, para determinar las causas exactas de la explosión y encontrar los restos de la niña, ya que, hasta el momento, sólo se han identificado restos de los dos adultos y del hijo varón.

Urquía asegura que la finalización de los trabajos policiales permitirá continuar con el sistema de derribo, que comenzó a principios de junio, de forma más rápida, con lo que esta semana se cambiarán las grúas y el resto de maquinaria.